Hasta hace poco, un buen lugar para echarse una pestaña entre el bullicio de la ciudad de México era en alguna de las sedes del Poder Legislativo. Los reporteros gráficos han pescado a menudo a los legisladores echando la siesta en el trabajo, entre un juego y otro de Angry Birds en las iPads que recibieron con cargo a los contribuyentes. Pero en los meses pasados han tenido que despertar a sacudidas. Enrique Peña Nieto, quien llegó a la Presidencia el 1º de diciembre, ha impuesto un ritmo feroz, impulsando reformas destinadas a corregir las persistentes debilidades estructurales del país.

Fuera del gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña, que gobernó el país durante siete décadas ininterrumpidas hasta 2000, había obstruido las reformas en vez de instigarlas. Antes de las elecciones presidenciales de julio de 2012, el partido se había esforzado por bloquear las propuestas de Felipe Calderón (quien resultó bastante inepto para construir consenso). Luego de la victoria de Peña la situación cambió, al aprobarse una reforma laboral que los priístas habían bloqueado. En febrero, una ley sobre educación arrebató al sindicato de maestros el control que tenía sobre la contratación y despido de profesores. El nuevo presidente envió una poderosa señal a los disidentes cuando la lideresa del sindicato, Elba Esther Gordillo, alguna vez dirigente del PRI, fue detenida bajo el cargo de disponer de más de 150 millones de dólares de fondos sindicales (acusación que ella niega).

Luego vino una sacudida a las telecomunicaciones y la televisión, aprobada por la cámara baja en marzo y que se espera sea avalada pronto por el Senado. Las telecomunicaciones están dominadas por América Móvil, de Carlos Slim, con 80% de las líneas fijas y 70% de las móviles y de las conexiones de banda ancha. En televisión, Televisa tiene alrededor de 70% del auditorio de televisión abierta y la mitad de los suscriptores de paga.

Peña propone una nueva autoridad reguladora, con facultades de aplicar una normativa asimétrica (por ejemplo, Slim pagaría tarifas más altas de interconexión que sus rivales pequeños) y de obligar a las compañías dominantes a diversificarse. Se planea licitar dos nuevos canales de televisión abierta, de los cuales estarían excluidas Televisa y su única competidora, Tv Azteca. Las nuevas reglas podrían obligar a Televisa a vender su popular contenido a rivales y a incorporar las señales de la competencia. Las reglas que restringen la inversión extranjera se relajarían.

Los precios de las acciones de América Móvil y Televisa se desplomaron ante la noticia. Pero muchos temen que terminen sacando partido de los cambios propuestos. Cada una ha estado buscando una rebanada del mercado de la otra. Televisa, que ya ofrece banda ancha a través de sus cables de televisión, compró el año pasado la mitad de Iusacell, pequeño operador de telefonía móvil. Slim, que vende televisión de paga en buena parte de América Latina, se ha ido abriendo espacio en la televisión mexicana a través de una alianza comercial con Dish, proveedor de televisión satelital que es un recién llegado al mercado. El 22 de marzo América Móvil anunció la adquisición de los derechos para transmitir los Juegos Olímpicos de invierno de 2014 y los de verano de 2016 en América Latina (excepto en Brasil, país anfitrión de estos últimos).

La propuesta de Peña representa una muy buena reforma en el papel, comenta Agustín Díaz-Pinés, experto en telecomunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El año pasado la OCDE publicó un informe en el que hacía acerbas críticas a las disfuncionales telecomunicaciones mexicanas, que eran causa, dijo, de una pérdida de bienestar equivalente a 1.8% del PIB cada año. Muchas de las recomendaciones de la OCDE están en la reforma. Pero Díaz-Pinés advierte que la aplicación efectiva será vital. Hasta ahora las autoridades han obedecido los dictados de las empresas a las que se supone que deben mantener en orden.

Otra reforma legal, puesta en vigor el 2 de abril, debe de contribuir a ese fin. La nueva legislación modifica el amparo, figura de protección de las garantías constitucionales que data del siglo XIX, la cual en años recientes había sido explotada por las empresas para frustrar a las autoridades. Conforme a las nuevas reglas, los concesionarios en las industrias de telecomunicaciones, minería y transporte público que soliciten esa protección judicial no tendrán derecho a que se detengan las acciones que reclamen mientras se ventila el juicio.

Detrás de estas reformas se encuentra el Pacto por México, acordado en diciembre entre el PRI y los dos principales partidos de oposición. El pacto unifica a los partidos contra los intereses no electos que durante mucho tiempo los desafiaron. Al firmar el pacto en nombre del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano declaró que los políticos estaban “indignados de que los poderes de facto de todo tipo hayan desmantelado gobiernos de un partido u otro”.

El pacto se verá sometido a prueba en julio, cuando se realicen elecciones locales en 14 de los 31 estados del país, y una contienda para gobernador en Baja California. Un mal resultado de la oposición podría propiciar un enfoque más obstructivo.

Una prueba más severa vendrá después de las elecciones, cuando Peña deberá publicar su siguiente propuesta, una reforma combinada fiscal y energética orientada a hacer realidad el enorme potencial de las reservas petroleras y energéticas de México. El país no las aprovecha: la mitad de su petróleo está en aguas profundas, en las cuales Pemex tiene poca experiencia. La ordeña de ganancias de Pemex que hace el Estado ha impedido a la empresa invertir en la tecnología necesaria. Para depender menos del ingreso petrolero el gobierno tendrá que elevar impuestos, probablemente aplicando el impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas. El PRI cambió sus estatutos el mes pasado para permitirlo, pero las encuestas muestran abrumadora oposición a gravar esos bienes esenciales.

En energía, ¿qué tan ambiciosa?

No está claro hasta dónde son ambiciosos los planes de Peña. La reforma más tímida daría apenas a Pemex una independencia como la que disfruta el banco central. Un siguiente paso sería convertirla en una compañía de propiedad estatal capaz de entrar en alianzas con firmas privadas, sobre el modelo de la saudita Aram­co. Aun esto requeriría una reforma constitucional. Más radical sería abrir el mercado energético mexicano a la competencia. Esto parece no estar sobre la mesa hoy: Peña ha dicho que no privatizará Pemex. Hasta las reformas modestas provocarán oposición, aun dentro del PRI (entre cuyos senadores está el líder del sindicato de trabajadores petroleros).

Otra prueba es la seguridad. Peña ha ayudado a desviar la atención hacia la optimista economía del país en vez de su espeluznante violencia. Barack Obama escuchará varias buenas noticias cuando visite México el mes próximo. La tasa de homicidios es como una cuarta parte inferior a su punto más alto, del verano de 2011; en febrero alcanzó la cifra más baja en tres años. Pero los asesinatos son casi dos veces más comunes que hace seis años, y la extorsión y el secuestro son amenazas cotidianas.

Este parece ser el lado más flaco de Peña. Quiere reducir el crimen creando más empleos, meta valiosa, pero de largo plazo. Un muy discutido plan para consolidar un conglomerado de fuerzas municipales con sus contrapartes estatales podría al fin ponerse en práctica, ahora que el PRI controla la Presidencia y la mayoría de los estados.

La nueva Gendarmería de ex soldados, propuesta por Peña para controlar las zonas sin ley del interior del país, ha sido objeto de críticas. No está claro dónde empezaría la responsabilidad de esa corporación y dónde terminaría la Policía Federal existente; tampoco es obvio de dónde saldría el presupuesto para ella. Se espera que esa fuerza haga su incierta entrada hacia finales del año. Pero si Peña presenta un plan más claro para reducir la violencia, y logra una reforma energética digna de tal nombre, habrá tenido un primer año impresionante.

Fuente: EIU

Traducción: Jorge Anaya