Un juez federal en materia de amparo emplazó el pasado viernes a la Procuraduría General de Justicia del estado México (PGJEM) para que en un término de 24 horas, que sin contar horas inhábiles vence el próximo martes, determine si diversos créditos para vivienda de interés social, otorgados entre 1999 y 2011 por diversas Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), implicaron fraudes en perjuicio de los deudores del préstamo.

Al conceder un amparo colectivo, el juez Roberto Dionisio Pérez Martínez otorgó la protección de la justicia federal a medio centenar de personas que tienen algún crédito con Hipotecaria Nacional, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Ge Money (Santander), ING Hipotecaria, Patrimonio e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Sofoles que desde 2009 fueron denunciadas por un presunto fraude específico en perjuicio de los deudores que ahora fueron beneficiados con este amparo.

En la querella presentada contra las Sofoles, los denunciantes aportaron como prueba diversas resoluciones de jueces que fallaron en el sentido de que varias entidades financieras de crédito a la vivienda en el estado de México aplicaron durante varios años cobros a sus clientes por seguros de vida relacionados con invalidez permanente y daños sobre el inmueble (como incendio, derrumbe e inundación), sin que éstos fueran contratados con compañías aseguradoras.

Además, las querellas refieren que esas Sofoles otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor real. Sin embargo, en cuatro años de investigación la PGJEM ha mantenido congelada esa averiguación previa.

Los deudores beneficiados con el amparo son representados por el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), agrupación que representa legalmente a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en el estado de México y en otras entidades del país.

José Humbertus Pérez Espinoza, quien encabeza el FMDVD, informó a La Jornada, que pese a esta sentencia de amparo, la PGJEM se ha hecho omisa ante los requerimientos de este juez federal, ya que no es la primera vez que este mismo juzgador concede el amparo en beneficio de los deudores.

Agregó que entre los inculpados denunciados por los deudores crediticios destacan Javier Gabito Mohar, ex director general de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y Víctor Manuel Borrás Setién, ex titular del Infonavit; además de Manuel Pérez Cárdenas, ex vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y ex directivos de varias Sofoles”.

Durante los cuatro años recientes, el FMDVD ha conseguido importantes fallos judiciales con los que incluso ya se abrió la posibilidad de condonar deudas (hasta en 70 por ciento del monto total de los créditos) a miles de personas que contrajeron créditos para viviendas que han caído en cartera vencida.

La lucha de cientos de familias mexiquenses que actualmente litigan contra alguna Sofol para evitar ser despojados de sus viviendas, ha tenido eco en los tribunales, mas no en la autoridad del Ministerio Público.

Pérez Espinoza asegura a este diario que hay una clara intención desde la PGJEM para solapar y proteger a altos ex funcionarios (federales y del estado de México) que urdieron, desde sus puestos públicos, lo que el litigante identifica como uno de los fraudes más grandes cometidos en México.

No es cosa menor, dice, pues las víctimas son miles de trabajadores de clase media que cada mes hacen un esfuerzo monumental para pagar los créditos que contrajeron por 10 o 15 años con alguna Sofol, a cambio de obtener una vivienda modesta.

La mayoría de esos créditos corresponden a casas construidas por Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integral de Viviendas, entre otras constructoras.