El gobierno de Canadá puede y debe implementar un procedimiento de quejas contra las empresas extractoras de aquel país para facilitar a las personas que han sido afectadas por la minería canadiense a demandar por la indemnización de daños y perjuicios en los tribunales de aquela país, advierten en carta abierta miembros de una delegación de la sociedad civil de Canadá que visitaron zonas en las que se asientan mineras de su país en México.

Estamos profundamente conmovidos y emocionados hasta las lágrimas por sus testimonios del impacto que las operaciones de las empresas mineras canadienses tienen en ustedes. Después de escuchar sus historias, no cabe duda en que ha habido violaciones de derechos humanos en Durango y Oaxaca, destaca la misiva dirigida a comunidades mexicanas y trabajadores afectados por las mineras.”

Lamentaron que las esperanzas de estas comunidades, de encontrar trabajo y una vida mejor a partir de la minería, se hayan convertido en división de la comunidad, conflicto y violencia. El acceso al agua limpia, tan importante para sus comunidades, ha sido interrumpido. Tanto han sido traicionadas sus esperanzas, que muchos de ustedes nos han dicho que ya no quiere tener nada que ver con la minería.

Condenan que empresas como Fortuna Silver y Excellon Resources hayan incumplido las disposiciones, particularmente esta última, relativas al contrato de arrendamiento de 2008, entre la empresa y el ejido La Sierrita. En nuestra experiencia, una empresa canadiense que no cumplió con los términos de un acuerdo de beneficio de impacto firmado con una comunidad en Canadá, se enfrentaría prontamente a las consecuencias, y encontraría que no sería capaz de continuar sus operaciones.

Entre los delegados canadienses que fueron acompañados por Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC, de México, se encuentran Joshua Berson, Rob Halldorson, Shaheen Hirani, Marlyne Lachine, Laura Ramirez, Janette McIntosh y Sharlene Patterson, entre otros.