Las clases extramuros en Guerrero, convocadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se llevarán a cabo si las protestas magisteriales afectan a 10 por ciento de las escuelas de la entidad, pero ahora sólo entre 5 ó 6 por ciento está en esa condición, aseguró Juan Pablo Castañón Castañón, dirigente del sindicato patronal.

Dijo que hasta la fecha Coparmex cuenta con 5 mil firmas de respaldo y cien voluntarios para impartir las clases, la mitad de ellos maestros jubilados, pero también empresarios que darán clases si tienen las calificaciones para ser acreditados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para lo cual el organismo ya estableció contacto.

Las clases se darán en bodegas, salones de actos o incluso restaurantes que no abran por la mañana u otro tipo de instalaciones. La misma acción se repetirá en Oaxaca y Michoacán, si los paros y protestas magisteriales se extienden y dejan sin clase a miles de niños.

Estamos muy motivados por la participación de la sociedad de Guerrero en particular, y empezamos a platicar con las organizaciones sociales de Oaxaca en el eventual caso de un paro, y haremos lo mismo en Michoacán, dijo Castañón Castañón, entrevistado al salir de la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial.

Cuestionado sobre si Coparmex se dará un plazo para iniciar las clases extramuros, precisó que éstas se iniciarán en caso de que 10 por ciento de las escuelas de Guerrero suspendan actividades. Ahorita han parado entre 5 y 6 por ciento de las escuelas, pero si aumenta tendremos que entrarle, puntualizó.

–¿Pueden comenzar antes si ese 6 por ciento se mantiene varios meses?

–Claro, por supuesto. Tenemos que ver en qué escuelas está sucediendo esto, porque podría ser 5 o 6 por ciento, pero de manera permanente en unas escuelas, y entonces sus niños y jóvenes están afectados y ahí habrá que entrarle.

Responsable de lanzar públicamente la advertencia de las clases extramuros el pasado 3 de abril, el dirigente patronal remarcó que la iniciativa es ciudadana y tiene dos vertientes: primero que nada garantizar la educación para todos los niños y jóvenes del estado, son 700 mil, pero también evitar que se pongan en riesgo más de 350 mil empleos y la economía de Guerrero si se generalizan las protestas magisteriales.