Madrid, 12 de abril.

El gobierno izquierdista de Andalucía, la región de España más golpeada por el desempleo, decidió expropiar temporalmente viviendas a bancos e inmobiliarias para impedir desalojos, uno de los pro­blemas más graves en esta zona del país, principalmente el sur. La medida entró en vigor este viernes y suscitó el rechazo del ejecutivo conservador de Madrid.

Estamos defendiendo el derecho a la vida ante una situación de emergencia afirmó una portavoz del gobierno de Andalucía, tras tomar inéditas medidas para garantizar que los más frágiles no sean expulsados de sus hogares por no pagar sus hipotecas.

Bajo el título medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, la Junta de Andalucía, el gobierno regional dirigido por socialistas y ecolo-comunistas, decidió expropiar a los bancos casas y departamentos, cuando estos se dispongan a expulsar por falta de pago a familias en riesgo de exclusión social.

Las expropiaciones se realizarán durante un máximo de tres años para aquellas familias que cumplan requisitos como ingresos menores a mil 600 euros al mes. Su objetivo es asegurar el derecho a una vivienda digna a estas personas y sus beneficiarios deberán pagar un pequeño alquiler, según el decreto.

La persona beneficiaria quedará obligada al pago de 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, explicó la consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés, antes de que la decisión fuera pu­blicada oficialmente. La medida beneficiaría en lo inmediato a unas 200 familias, según la Junta de Andalucía, que no descarta que haya más.

La decisión entró en vigor este viernes en medio de las críticas del gobierno conservador de Ma­riano Rajoy, al sostener que la medida afecta un derecho como lo es la propiedad privada y cuya constitucionalidad está en duda, afirmó la vicepresidenta del go­bierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, este mismo día varias familias andaluzas pidieron acogerse a la nueva disposición, a cambio del pago de un pequeño alquiler social.

Feudo histórico de los socialistas y la única de las 17 regiones de España donde todavía gobiernan, Andalucía, con ocho millones de habitantes, es una de las zonas más duramente golpeadas por la crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la de mayor desempleo. El nivel de desocupación llega a 35.86 por ciento, por encima de la elevada media nacional de 26.02 por ciento.

Desde el estallido de la crisis en 2008, miles de familias han sido desalojadas en esa región, donde existen más de 700 mil viviendas vacías, denuncia el gobierno local. Así que decidió también obligar a bancos e inmobiliarias a alquilar esas viviendas, al imponer multas coercitivas de entre mil y 9 mil euros a los que tengan inmuebles sin ocupar.

Casas sin personas y personas sin casa, denunciaba una enorme pancarta desde la ventana de un edificio nuevo de departamentos, totalmente vacío, como tantos otros en una región cuya economía creció a finales de los 90 y principios de los 2000 supeditada a un sector de la construcción entonces insaciable.

Para los defensores de las fami­lias asfixiadas por las hipotecas, esta medida es un paso muy positivo y un ejemplo para el resto del país, dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua, organización no gubernamental con sede en Sevilla, la capital andaluza.