El pleno de la Cámara de Diputados aprobará la semana próxima una reforma a las leyes Minera y de Coordinación Fiscal, en sus artículos 27 y 25, respectivamente, con objeto de que todas las empresas del sector paguen anualmente 5 por ciento de sus ganancias a los estados y municipios donde se encuentran asentados los polos de extracción, con objeto de desarrollar programas de educación, gene­ración de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado.

Actualmente, las empresas mineras se ven beneficiadas por la Ley de Coordinación Fiscal –que se reforma cada año– y sólo cubren derechos por la explotación y aprovechamiento, que no son acordes con los ingresos que las empresas ganan tras la explotación del subsuelo.

Por vez primera se pretende en una iniciativa de ley modificar la distribución de los ingresos que obtiene la Federación para quedar como sigue: 20 por ciento de los ingresos por derechos de minería que contempla la reforma quedarían en manos de la Secretaría de Hacienda, y el 80 por ciento restante se etiquetaría para ser distribuido entre los municipios y los estados donde se encuentran ubicadas las empresas concesionarias.

La reforma, que será debatida en el pleno en los próximos días –se encuentra incluida en la agenda legislativa que habrá de desahogarse antes del 30 de abril– surgió a propuesta de los legisladores del PRI Marco Antonio Bernal y Adolfo Bonilla.

Bernal, quien preside la comisión de Energía en San Lázaro, recordó que el desempeño del sector minero en México ha sido favora­ble en los años recientes, porque es el que más divisas generó en 2011; aumentó la inversión en el sector entre 2009 y 2011 hasta en 95 por ciento; de 2002 a la fecha ha generado más de 47 mil 600 empleos directos; de 2011 a 2012 las exportaciones mineras han tenido un crecimiento de más de 11 veces; México ocupó el cuarto lugar mundial respecto del presupuesto destinado a la explotación minera, con 6 por ciento de la inversión mundial, equivalente a mil 92 millones de dólares, y el flujo de la inversión extranjera directa en 2011 fue de casi el doble del saldo de la cartera de crédito bancario al sector.

Por tales razones, expuso Bernal, la forma de calcular el pago de los derechos por el aprovechamiento de los minerales y sustancias existentes en el subsuelo, debe modificarse, pues aún se determinan con base en el número de hectáreas amparadas por el título de concesión minera, así como en los años transcurridos a partir del otorgamiento de los títulos, más una actualización que se realiza de forma semestral.

Consideramos que la forma de calcular y por tanto de cubrir los derechos para la explotación y aprovechamiento de los minerales en el subsuelo no es acorde ni corresponde a la genera­ción de riqueza que obtienen los titu­lares de una concesión minera, por lo que se considera que el Estado no está obteniendo una retribución justa por el aprovechamiento de los recursos no renovables de la nación que se encuentran en explotación.

Bernal recordó que en países como Australia, Brasil, Chile y en algunos africanos –grandes productores de minerales metálicos–, el promedio de pago por explotación minera es del 4 por ciento de sus ventas totales, iniciando a partir de 1.5 por ciento, como mínimo, y hasta 5 por ciento.

A diferencia de esos países, en México continúa operando una base para el cálculo del pago que no retribuye adecuadamente al país por el aprovechamiento de los recursos naturales.

La iniciativa propone que los concesionarios que lleven a cabo la explotación y que por tanto produzcan y comercialicen minerales o sustancias sujetas a la regulación de la ley en la materia, deberán de cubrir por concepto de compensación un porcentaje de 5 por ciento sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras las deducciones normales y propias de la actividad.

Así, el Estado mexicano obtendría una recaudación constante, conveniente y cierta para sus planes y proyecciones a mediano y largo plazos, y no se ahogaría a las empresas mineras imponiéndoles un derecho calculado sobre una base incorrecta, porque las ventas representan el final del proceso productivo, y no obstante, de ellas se recuperan todos los costos de extracción y producción de los minerales.

De tal forma, 20 por ciento de la recaudación formará parte del fondo de participaciones que controla el gobierno federal y el 80 por ciento restante se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.