El Instituto Federal Electoral (IFE) opera, tras la reforma en la materia (2007-2008), como una gran ventanilla de trámites en los que involucra la parte sustancial de su estructura.

En 2012, en las oficinas del IFE se recibieron –y luego fueron presentados en su Consejo General– resolutivos derivados de 218 procedimientos administrativos ordinarios y 386 procedimientos especiales sancionadores, de asuntos promovidos, sustancialmente, por partidos políticos y empresas.

En esta enorme lista de asuntos se encuentran, por citar algunos, las acusaciones cruzadas por los partidos políticos de uso ilegal de recursos para la contienda presidencial del año pasado.

Así, la coalición de partidos de izquierda denunció que el PRI, por conducto de Monex y Soriana, trianguló recursos para beneficiar a su entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Entre los 318 procedimientos especiales sancionadores también hay muchos en los que el quejoso fue el tricolor.

Por supuesto, también pueden interponer una denuncia el propio IFE, los consejeros electorales federales o estatales, los particulares, legisladores e incluso la propia fiscalía para delitos comiciales, entre otros.

En estos expedientes sobresalen también quejas contra medios de comunicación y gobernadores, a quienes se señaló de favorecer a determinado abanderado.

Enormes expedientes

De cada expediente, la respuesta suele ser de decenas de páginas porque se debe incluir un estudio jurídico de cada elemento; actualizar los hechos y responder a las dudas que tengan los funcionarios o consejeros.

Si bien 2012 fue año electoral, las quejas debieron ser atendidas a la par de la propia defensa del instituto ante otras instancias, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de los litigios propios de un organismo administrativo.

Ante la fiscalía federal que atiende los delitos en la materia se iniciaron mil 977 expedientes que derivaron en 20 denuncias, de acuerdo con el más reciente informe de la dirección jurídica del IFE, dependiente de la secretaría ejecutiva del organismo, cuya responsabilidad es velar por que las acciones del instituto se ajusten a derecho y, además, representarlo en cualquier procedimiento o juicio en que esté involucrado.

Adicionalmente a lo anterior, los abogados del IFE deben responder las impugnaciones que se interpongan (en el tribunal federal, tribunales estatales y la Suprema Corte) en contra de los actos del Consejo General del instituto.

El reporte precisa que durante 2012 fueron atendidos 511 recursos de apelación, 567 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dos juicios de inconformidad y tres de reconsideración.

De igual forma, es necesario responder los recursos que se promuevan contra el secretario ejecutivo del instituto.

La dirección jurídica del IFE también atiende lo relacionado con los contratos que firme el organismo, lo mismo de prestación de servicios que de arrendamiento o de obra pública.