La expedición de la cédula de identidad para menores de edad se encuentra suspendida. La posible continuidad de este proyecto –uno de los más importantes en materia de política interna del gobierno calderonista, en el que se invirtieron más de 3 mil millones de pesos– está en manos de los firmantes del Pacto por México, en el cual participan dirigentes de los partidos y altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

Personal del Registro Nacional de Población (Renapo) informa a los ciudadanos que por el momento no hay trámites para el registro y la expedición de ese documento.

Hasta noviembre pasado, cierre del sexenio de Felipe Calderón, había capturado los datos de 6.6 millones de niños y adolescentes de entre 4 y 17 años de edad, pero había entregado las micas apenas a 3.4 millones.

El plan para entregar a todos los mexicanos una cédula de identidad se inició con la generación de estructura para registrar, en principio, a los menores de edad. En cuatro años de preparativos y puesta en marcha del programa, el gobierno federal gastó más de 3 mil millones de pesos, según el reporte entregado al equipo de Peña Nieto.

Por lo pronto, el programa está suspendido por falta de equipos; no sabemos cuándo se volverá a hacer el trámite ni dónde. No tenemos información de que vuelvan a registrar a los niños en las escuelas, informó una empleada de atención al público del Registro Nacional de Población, instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, que también tiene a su cargo la expedición de la CURP (cédula única de registro de población).

En la página electrónica del Renapo se precisa que la cédula de identidad contiene elementos únicos de cada persona, como los datos comprobados del acta de nacimiento, incluido el nombre de los padres, la CURP, fotografía y registro del iris del ojo en imagen codificada.

Fue precisamente este último elemento el que provocó la inconformidad de diputados priístas en la pasada legislatura, quienes promovieron una controversia constitucional que finalmente ganó el gobierno calderonista.

Sin embargo, con el nuevo gobierno se desplazó el carácter prioritario de este programa al reducir el presupuesto del Renapo de casi mil millones de pesos a 200 millones, con lo que resulta imposible, por lo pronto, continuar con la expedición que se realizaba en escuelas de educación básica, oficinas del registro civil e incluso en el módulo capitalino para la expedición del CURP que se ubicaba en Reforma 99 y actualmente atiende en Hamburgo 135, colonia Juárez.

Aunque todavía se informa a los padres cuáles son los requisitos para tramitar la cédula de identidad para niños y adolescentes, los empleados precisan que la atención está suspendida desde enero pasado.

El registro de menores se ha topado con obstáculos políticos y legales, e incluso con el reconocimiento de los propios funcionarios de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado de que la estructura actual del Renapo es insuficiente para gestionar con elevados niveles de eficiencia y eficacia un proyecto de esta magnitud y complejidad (La Jornada, 26/11/12).

Aunque en este informe del entonces titular del Renapo a sus sucesores se aconsejaba la continuidad del proyecto, principalmente para aprovechar los miles de millones de pesos ya invertidos, se tomó la decisión de, en el contexto del Pacto por México, hacer una revisión del mismo en el segundo semestre de este año.

En el debate acerca de las características que debe tener la expedición de un documento oficial de identidad entró también el Instituto Federal Electoral, que pugna por que se fortalezca la credencial que emite y se convierta tanto en documento para votar y en cédula de identidad.

Por lo pronto, los gobiernos recientes han incumplido por diversos motivos lo que señala la Ley General de Población (en la reforma de julio de 1992), que prevé la creación del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana a través de la Secretaría de Gobernación.

En 1997 se hicieron intentos por cumplir con esta obligación y no fue hasta 2008 cuando el gobierno federal se comprometió a expedir la cédula como opción para reforzar la seguridad, especialmente de los menores, en momentos en que se incrementaban los casos de secuestro y la trata de personas.

En 2009 empezaron los preparativos y también las pugnas legales, aunque, como refirió la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la cuenta pública de 2011, se trata de un proyecto truncado.

En 20 años no se ha logrado el objetivo esperado (...) De acuerdo con el programa de Gobernación 2007-2012 se tenía programado expedir 80 millones de cédulas, cuya realización sigue en estado de indefinición.

Tampoco se ha cumplido con el objetivo inicial de expedir 25.7 millones de cédulas para los menores de edad.