La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen a la minuta del Senado que acota el fuero para proteger a legisladores y funcionarios, cambiando la figura vigente por la de inmunidad parlamentaria.

El dictamen –avalado por 24 votos de PRI, PAN, PRD y PVEM, y uno en contra de Movimiento Ciudadano– define que el fuero no puede continuar utilizándose como impunidad o canonjía de la cual se puede sacar provecho.

La reforma busca que la inmunidad legislativa permita conceder protección constitucional a legisladores en el ejercicio de sus funciones, con objeto de que su trabajo no se interrumpa ni se altere por la manifestación de sus ideas u opiniones.

De esta manera, explicó el presidente de la comisión, el perredista Julio César Moreno, que si se inicia un proceso judicial contra un legislador o funcionario federal, podrán continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que una sentencia haya causado ejecutoria.

Con ello se otorga seguridad jurídica al funcionario en su encargo, en el entendido de que no se inicia el desafuero, con lo cual se respeta la presunción de inocencia.

El agente del Ministerio Público y el juez respectivo, dijo, continuarán con el proceso sin interrupciones y, una vez que exista sentencia firme, la solicitud de desafuero pasará directamente al pleno, lo que suprime el procedimiento de examen previo y elimina de hecho la sección instructora.

Se beneficia la igualdad jurídica, toda vez que el servidor público es sujeto a averiguación previa y proceso sin que se requiera su separación del cargo, ni se podrá ordenar su privación de libertad, dijo.

Al respecto, el dictamen indica: se privilegia la función y no a la persona que la desempeña.

También se establece que, solicitado por el juez el desafuero para que el representante popular o el servidor público cumpla su condena, la Cámara contará con un plazo de 10 días hábiles para resolver, pero si niega el retiro de la inmunidad, ello no impedirá que al término de su representación se inicie el cumplimiento de la sentencia.

Al argumentar en contra del dictamen, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que si bien su grupo parlamentario está a favor de que se elimine el fuero o los privilegios, la reforma sí puede representar un atentado a la acción legislativa, a diputados o senadores incómodos al poder, que presenten posturas políticas que se contraponen al Ejecutivo, a los gobernadores o a grupos de poder económico o político.

Al anunciar que presentará un voto particular, Mejía Berdeja aseguró que no se trasluce temor al pasado, sino a la fabricación de delitos. Además, expuso, hay un doble rasero porque permanece intocado el poder presidencial, porque en la práctica al titular del Ejecutivo no se le retirará la inmunidad.

También, la petista Lilia Aguilar aseguró que acotar el fuero sólo constituye una medida publicitaria, pero en los hechos es un error porque debilita al Poder Legislativo.

Los actos de corrupción no tienen que ver con el fuero, sino con las historias personales y la forma en que son encubiertas en los partidos. La persecución política no debía estar en la agenda de este gobierno, definió.

Al hablar en favor del dictamen, el panista Ricardo Villarreal –acusado de tramitar permisos para casinos–, afirmó que no son las charolas, sino los rateros lo que debe perseguirse. Si alguien nos quiere atacar, que nos vea en los tribunales y sin fuero, dijo.