Opositores son imputados de delitos forestales en Hidalgo
Domingo 24 de febrero de 2013, p. 31
Con la complicidad o la inacción de las autoridades, una familia ha usufructuado con documentos falsos más de 55 hectáreas de bosque de maderas preciosas, ubicadas en la comunidad de Zacacuautla, Hidalgo, poniendo en riesgo no sólo la supervivencia del propio bosque, sino también la del manantial donde se abastecen los 2 mil habitantes del pueblo y agrediendo a quienes se oponen a sus designios.
Así lo advirtió Filiberta Nevados Templos, presidente de la asociación civil Ocote, quien pese a defender la biodiversidad desde hace más de tres décadas, podría ir a la cárcel si es encontrada culpable de delitos contra la riqueza forestal, por una demanda interpuesta contra ella y algunos de sus compañeros luego de impedir que un grupo de talamontes se llevara más de 100 troncos de manera clandestina hace un mes.
El conflicto en Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán, comenzó en 1985, cuando Edmundo Canales Franco le solicitó al dueño original de las hectáreas, la familia Gómez García, un permiso de paso para circular en su auto, en su calidad de secretario de la organización administradora del monte, explicó la activista.
Poco después, Canales se aprovechó de que el terreno no había sido heredado a nadie cuando murió el jefe de la familia Gómez y argumentó que el predio era suyo, mostrando unas supuestas escrituras firmadas en 1979 –año en que era menor de edad–, donde decía haberlo comprado para él y sus hijos.
Pese a haber perdido un juicio sobre el tema a mediados del año 2000, Canales siguió reclamando la propiedad del monte y talando de forma clandestina sus recursos forestales, consistentes en pinos pátula, encinos y árboles de maderas preciosas.
Ante el descontento de muchos habitantes de la comunidad, Canales empezó a amenazar y agredir a quienes se le oponían, recordó Nevados. En dos incidentes que nunca se aclararon del todo, fueron asesinados el antiguo albacea de la familia Gómez García y el activista Samuel Cruz Hernández.
En 2005 obtuvo permiso para derribar árboles con plagas, otorgado por la procuraduría ambiental y comenzó a talar de manera arbitraria.