Amnistía Internacional (AI) consideró positivo el anuncio de la Secretaría de Gobernación de que dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en México –que contendría miles de casos–, pero advirtió que dicha medida será insuficiente si no está acompañada de una propuesta para investigar los delitos y castigar a los responsables.

La cifra de 27 mil casos dada a conocer por la subsecretaria de derechos humanos Lía Limón es un número escalofriante, subrayó la organización con sede en Londres. Consideró inaceptable que las autoridades del sexenio anterior no hayan tomado medidas para prevenir, esclarecer y sancionar esos crímenes.

Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por los gobiernos federal y estatales durante la última administración, indicó AI.

Subrayó que las autoridades deben especificar cómo utilizarán esa base de datos para investigar las desapariciones, hallar a las víctimas, castigar a los responsables y determinar en qué casos participaron funcionarios públicos.

Para lograr dicha tarea, AI consideró fundamental que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos en las investigaciones y en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

Protesta de familiares de víctimas de desaparición forzada, en noviembre pasadoFoto Marco Peláez

Recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos, apuntó Daniel Zapico, representante en México de AI.

A propósito de este tema, Jorge Verástegui, integrante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestras Desaparecidos en Coahuila, consideró que siempre habrá controversias entre las cifras dadas a conocer por las autoridades y las de los grupos de la sociedad civil, pero más allá de estos detalles, el número de 27 mil dado a conocer por Lía Limón es un reconocimiento de que el gobierno anterior sabía de la magnitud del problema, pero no hizo nada.

El activista coincidió en que sin un plan adecuado para utilizarla, cualquier base de datos servirá de poco. “Debe tener información general, muestras de ADN y huellas digitales, pero también datos de dónde desapareció la persona y en qué condiciones. Así podrían decir ‘fue en tal tramo de carretera, donde opera tal grupo delictivo con la complicidad de tales funcionarios’. Así podríamos desarticular a las bandas de criminales y encontrar a las personas”, sostuvo.