o obstante que la Constitución de 1917 –que se supone es la ley suprema que marca los objetivos y lineamientos para el desarrollo nacional– indica con claridad y de diversas maneras la importancia de la equidad para todos los miembros de la sociedad y de las acciones y políticas para el gobierno, y aunque a ella se refieren siempre los discursos oficiales, la realidad es otra. Existen varios cientos de municipios que se han venido separando de los demás por pobreza extrema, su alto grado de marginación y la falta de oportunidades de desarrollo para sus jóvenes y su población en general.
En su mayor parte están ubicados en unas pocas (si bien extensas) regiones del país, en la Sierra Madre Occidental, pertenecientes a Chihuahua, Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca; las montañas y las zonas selváticas de Chiapas, en la Sierra Madre Oriental, incluyendo municipios de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas; también en la franja de territorios desérticos que forman un amplio sector del norte del país que cubre partes de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Durango y Chihuahua.
Todas estas regiones están habitadas por los núcleos indígenas de las diferentes etnias que existen en nuestro país, quienes parecieran haber sido confinados a vivir en ellas, en virtud de actos de los sucesivos gobiernos y políticas de inequidad, aplicadas sistemáticamente por ellos a lo largo de los dos siglos de vida independiente, con excepción de dos periodos efímeros, durante los gobiernos de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.
Los recientes cambios constitucionales que hacen obligatoria la educación media superior constituyen un nuevo desafío para la nación entera y de manera particular para el nuevo gobierno de la República, que debe responder a este desafío, proporcionando los servicios de este nivel educativo a más de cuatro millones de jóvenes de todo el país, que carecen de esa posibilidad.
El problema no está circunscrito a estas regiones, porque incluso en los municipios más desarrollados el nivel de cobertura de los servicios de educación media superior sólo alcanza a 71.4 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar bachillerato; sin embargo, en los municipios de alta marginación a los que nos hemos referido, la cobertura es de 35.9 por ciento.
El problema es más grave de lo que parece, porque los estudiantes que integran ese 36 por ciento obtuvieron en la prueba Enlace de 2012, en matemáticas, una puntuación media de 427 puntos, 124 menos que los alumnos de las zonas urbanas, con una diferencia aun mayor para el caso de comprensión lectora, de manera que al problema de baja cobertura debemos añadir el de bajo desempeño de los estudiantes de estas regiones, lo cual quiere decir en pocas palabras que esta población –la más débil, empobrecida y marginada– habrá de seguir en estas mismas condiciones de retraso y marginación indefinidamente si no se hace algo efectivo al respecto.
El problema es sumamente complejo. Para resolverlo se requieren dos tipos de políticas públicas educativas que se concreten en acciones: las primeras, relacionadas con los estudiantes indígenas, para lo cual es necesario fortalecer seriamente los programas de educación básica que atienden a esta población, pues es muy probable que estos niños, en su mayoría, no logren tampoco terminar la secundaria, con lo que ni siquiera existe la posibilidad de ofrecerles bachillerato y además tomar una decisión seria y responsable sobre el lenguaje o los lenguajes propios que deben ser utilizados en las escuelas de bachillerato ubicadas en las regiones indígenas, para que los programas puedan responder a las necesidades reales de los estudiantes, siempre tomando en cuenta que existen muy pocos profesores preparados para atenderlos en sus propias lenguas maternas.
El segundo tipo de acciones está relacionado con la ampliación de la cobertura de las escuelas de bachillerato para atender a las poblaciones dispersas. Nos atrevemos a recomendar de manera enfática la instrumentación de un sistema nacional de telebachillerato, por las experiencias positivas que existen en algunos estados que han utilizado esta opción, como Guanajuato y sobre todo Veracruz.
En este último estado, por la enorme dispersión de su territorio, el telebachillerato es el subsistema de educación media superior con la mayor matrícula de la entidad; más de 90 mil estudiantes, para muchos de los cuales habría sido imposible llegar a sus comunidades con una oferta educativa real. El problema radica, desde luego, en los escasos recursos que el estado dedica a este importante subsistema, seguramente como en los demás que han instrumentado esta misma solución.
Si bien el nombre de este subsistema evoca el de las telesecundarias, se trata de una solución con diferencias muy significativas. Una de ellas, y muy importante, es el hecho de que los profesores sean profesionistas generalmente egresados de alguna universidad, seleccionados mediante un examen de ingreso sujeto a normas bien establecidas. Si bien pueden tener pocos conocimientos en algunas áreas, su formación profesional subsecuente al bachillerato les da un nivel de disciplina y responsabilidad a la altura de lo que la sociedad espera de ellos, así como una preparación general que los maestros de las telesecundarias distan de tener.
A ello se le ha sumado, en los casos que conozco, la existencia de excelentes materiales de estudio, elaborados con una visión más moderna desde el punto de vista didáctico, que los materiales utilizados por el sistema de telesecundarias.
Por otra parte, el hecho de que las escuelas estén ubicadas en las comunidades mismas donde viven los estudiantes o a una distancia razonable de sus hogares, constituye una ventaja respecto a las escuelas de los demás subsistemas de educación media superior, que tienen otras ventajas, pero que requieren de caminatas o procesos de transportación de más de una hora para llegar; adicionalmente, los planteles de telebachillerato frecuentemente terminan por convertirse en el centro de encuentro social para los jóvenes que allí se reúnen para tomar clases. La creciente cobertura de las redes de Internet está abriendo nuevas facilidades para elevar la calidad de los servicios que ofrecen los planteles.
Por todo esto es posible afirmar que en el país existen la capacidad y la experiencia para asegurar el desarrollo educativo de los jóvenes, a niveles semejantes a los de naciones más desarrolladas que la nuestra, así como para brindar los servicios educativos de este nivel, en condiciones de equidad para todos los estratos sociales, aun en las regiones más atrasadas y marginadas del país. Esperamos y deseamos que el nuevo gobierno, a diferencia de los que le han precedido, tenga la voluntad para cumplir con los compromisos que él mismo ha establecido, en este tema vital para el futuro desarrollo nacional.