sta semana han estado presentes en nuestro país una veintena de representantes sindicales de Estados Unidos y Canadá, quienes integran la Alianza Trinacional de Solidaridad con los trabajadores mexicanos. Luego de entrevistas y visitas a distintos grupos y centros laborales, han manifestado indignación por las dificultades que advierten para lograr una vigencia mínima de los derechos individuales y colectivos. Han confirmado los gigantescos obstáculos que existen para formar sindicatos democráticos y acceder a una contratación colectiva auténtica. Conocieron, por ejemplo, el penoso comportamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tlaxcala, que actúa en abierto contubernio con la trasnacional zapatera Bata-Sandak. También actualizaron su información sobre la situación de los electricistas, mineros y otros sectores de trabajadores.
En la ciudad de México conocieron el desastre originado por el gigantesco número de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, que abarcan más de 90 por ciento de los centros de trabajo; esos que se celebran a espaldas de los empleados, impidiéndoles contar con negociaciones reales. Observaron la indefensión de los trabajadores de las instituciones gubernamentales contratados por honorarios; confirmaron la grave situación que viven los asalariados de la construcción, los servicios de limpieza, los centros comerciales y los pequeños y medianos negocios, en donde prevalece la ausencia de una autoridad que haga cumplir los mínimos de ley. No hay inspección laboral, no hay diagnósticos por sector, no hay campañas orientadas a lograr la salud en el trabajo, y por lo que se refiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, subsiste una resistencia al respeto de los derechos colectivos y una lentitud injustificada en la tramitación de los conflictos individuales, que se desahogan en un promedio de cinco años. Una pregunta que formularon, difícil de contestar fue: ¿por qué sucede esto en una ciudad con un gobierno progresista, que debería tener entre sus prioridades la promoción y defensa de los derechos laborales, especialmente los colectivos y constituir un ejemplo en el ámbito nacional? ¿Por qué no se atiende como prioridad el cumplimiento de la ley laboral en los centros de trabajo en donde subsisten condiciones insalubres y peligrosas y toda clase de riesgos para la salud? ¿Por qué no han entrado en vigor las sanciones señaladas en la nueva normatividad?
En los próximos días será designado quien ocupará la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en virtud de la renuncia con carácter irrevocable de su anterior titular, Ramón Montaño Cuadra. El nuevo nombramiento puede favorecer un cambio que urgentemente necesita el modelo laboral de nuestra ciudad. Conviene por ello reflexionar sobre cuáles son algunas de las características que debería tener el o la nueva titular de este órgano de justicia. El primero, está relacionado con los requisitos legales; sin embargo, está demostrado que estos no son suficientes para acreditar la idoneidad en el cargo. Tres requisitos adicionales parecen importantes a considerar. En primer lugar, no estar vinculado con la red de intereses relacionados con los negocios de los sindicatos falsos, emplazamientos de huelga fantasmas y contratos de protección patronal, que benefician no sólo a líderes falsos sino también a los abogados empresariales que los promueven.
Una segunda característica deseable es que conozca la materia laboral para tener la posibilidad de colaborar en el esfuerzo tendiente a suprimir estos vicios.
Un tercer elemento se vincula con la disposición e interés en colaborar con un cambio de rumbo en la política laboral compatible con las características de un gobierno progresista, electo por una mayoría copiosa, que confía en tener apoyo en sus preocupaciones y necesidades elementales, siendo fundamentales el trabajo, el salario y su capacidad de defensa colectiva.
Quien ocupe el nuevo cargo tendrá retos muy complejos, uno es vincularse con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para construir el sistema laboral que requiere la ciudad. Esta coordinación debe orientar su gestión hacia la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obtener los recursos que actualmente les hace falta. Deberá atender la creación del Servicio Profesional de Carrera, mandatado a iniciar funciones a partir del primero de enero del 2014, y el Sistema de Formación, Capacitación y Actualización Jurídica, que emprenderá actividades a partir del próximo primero de junio. La nueva ley impone a las juntas nuevas obligaciones en materia de transparencia, en temas tan importantes como los contratos colectivos y registro de asociaciones. También deberá promover y confirmar el cumplimiento de nuevas reglas en materia de elección de dirigentes sindicales mediante el voto secreto y la rendición de cuentas, aspectos que a tres meses de su incorporación a la ley no se han puesto en vigor, asímismo los nuevos requisitos en materia de subcontratación; especialmente la prohibición de las llamadas empresas de servicios que son de competencia local y que practican el outsourcing generalizado; es una tarea inaplazable y de gran envergadura porque se enfrenta a intereses muy fuertes.
Si bien es estratégica la designación del titular de esta junta, que es sin duda el tribunal laboral local más importante del país, pues atiende 80 mil expedientes a través de sus 18 juntas especiales, las cuales son visitadas por un promedio de seis mil usuarios diarios, su tarea no podrá dar los frutos que necesita la ciudad, si no cuenta con el apoyo y la sensibilidad del gobierno de la ciudad y el de muchos otros actores, como instituciones académicas, fundaciones, litigantes, sindicatos auténticos y organismos especializados que deberían apoyar esta urgente transformación del mundo del trabajo. Un buen principio para este cambio es reconocer que este renglón, con todo lo que implica, es una asignatura pendiente en la agenda política y social de la metrópoli.
