Pachuca, Hgo., 22 de febrero. Una red de corrupción y complicidades se ha tejido en torno a los casos de niños con problemas familiares de los que tienen conocimiento los Centros de Atención a Víctimas (Cavi), los cuales son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), reveló el ex agente del Ministerio Público (MP) de dichas instancias, Julio Ángel Lagunes Moreno, en confesión videograbada por padres agraviados.

En este entramado estarían involucrados la directora de los Cavi, Margarita Cabrera Román; el visitador general de la PGJEH, Juventino Pérez Lamoine, así como agentes del MP, sicólogas y casas de asistencia para menores manejadas por órdenes religiosas y el DIF-Hidalgo, según las declaraciones realizadas a esta corresponsalía por Rubén Alejandro Pérez Vilchis y Laura Olivia de León Caballero, padres de una adolescente.

Narraron que debido a problemas de conducta, su hija fue llevada la tarde del 10 de marzo de 2012 a recibir pláticas de orientación en la Casa de Jesús –administrada por religiosas–, ubicada en la calzada Veracruz 400, de donde desapareció; días después fue localizada en la casa Niña-DIF, donde permanece recluida desde hace casi un año y es víctima de maltratos.

Lagunes Moreno, aún en su carácter de MP de la mesa 2 de los Cavi, inició las averiguaciones y determinó la consignación de Rubén Alejandro Pérez Vilchis por los delitos de abandono de menor incapaz y abuso sexual, pese a que los exámenes médicos practicados a la adolescente resultaron negativos para el segundo supuesto.

Los testimonios del ex agente del MP –quien ya como litigante y sin vínculos aparentes con los Cavi, ofreció a la familia Pérez de León echar abajo la consignación que él mismo resolvió–, fueron videograbadas subrepticiamente por los quejosos cuando se cerraba el trato de contratación de sus servicios de defensa por la suma de 25 mil pesos.

El video se encuentra ya en el sitio de Youtube con el título: El estado de derecho en Hidalgo-México. En la grabación, Lagunes Moreno reconoce que él estaba dispuesto a entregar a la adolescente a sus padres, pero que cuando regresó de una incapacidad médica se encontró con que ya se había hecho un argüende del caso y ustedes (los padres) ya eran criminales.

Y agregó: “Dije, a ver, a ver, cómo está este rollo; vi otra vez las declaraciones de su hija y no me cuadraron…(y) cuando resolví la consignación yo me quedé con mis dudas”. Dicho lo anterior, el litigante habría ofrecido a la familia Pérez de León sacar el caso en su favor: Yo armé la determinación y yo sé cómo sacarla, porque estudié el asunto, lo consigné y sé por dónde se cae.

La familia Pérez de León comentó al ex agente del MP de las sumas de dinero que pide Cabrera Román por la entrega de los menores y esta fue su respuesta, siempre de acuerdo con lo registrado por el video proporcionado por los padres de Laura Alexa: De Margarita, no lo dudo, a mí me dijo que por niño eran de 30 mil a 35 mil pesos.

Más todavía, les confesó que existen muchos casos como el de ellos y les advirtió: Han caído con la víbora más víbora que hay ahí en los Cavi; describió a la directora de esos centros como una persona bipolar, agresiva, prepotente e intrigante, que hace y deshace los dictámenes y ordena a los sicólogos poner lo que ella les dicta, además de tratar con la punta del pie a las mujeres agentes del MP y de meter su cuchara en todas las averiguaciones.

Casos similares

Pérez Vilchis manifestó que con los testimonios de Lagunes Moreno queda claro el modo en que operan los Cavi en algunos casos: Captan a menores con problemas intrafamiliares y los recluyen en las estancias del DIF, mientras el MP inicia las averiguaciones, la mayoría de las veces integradas en forma irregular, como lo reconoció el ex agente ministerial, para luego consignar a los padres por maltrato, abandono, abuso sexual o prácticas libidinosas, con el propósito de retirarles la custodia y exigirle al inculpado entre 30 mil y 35 mil pesos para dejarlo libre y recuperar al menor.

La prensa local ha documentado dos casos similares a los de la familia Pérez de León, uno en Tula de Allende y otro en Pachuca; el primero en junio de 2012, de la señora Guadalupe Alonso Noguez, a quien el personal del DIF le retiró la custodia de dos menores de seis y 11 años, acusándola de maltrato, para recluirlos después en galeras de la policía municipal, mientras que ella fue enviada al Centro de Rehabilitación Social, donde permaneció algunos meses por no poder pagar la fianza de 6 mil pesos.

El otro es el de la señora Viniza Santiago, cuyos hijos de dos y cuatro años fueron retirados del hogar, sin ninguna orden judicial, por policías ministeriales acompañados de trabajadoras sociales.