l secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el jueves pasado que la administración de la que forma parte investigará las miles de desapariciones ocurridas el sexenio pasado, las que tuvieron lugar antes de 2006, así como las que pudieran ocurrir a partir del primero de diciembre del año pasado, fecha de inicio del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, y anunció la conformación de una base de datos con cerca de 27 mil registros de desaparecidos. Por su parte, el procurador federal, Jesús Murillo Karam, afirmó que la dependencia a su cargo no puede comprometerse a encontrar a los individuos faltantes y se limitó a prometer que hará todo lo que está en nuestras manos para paliar un poco el dolor de estas pobres personas, en referencia a los ausentes y a sus familiares.

Por su parte, el representante en México de Amnistía Internacional (AI), Daniel Zapico, saludó como paso positivo la divulgación de la base de datos de desapariciones, acusó a la administración anterior y a los gobiernos estatales haber tolerado e ignorado la práctica de la desaparición forzada de personas y criminalizado a los familiares, además, puntualizó que en una porción de los casos hubo parti­cipación de funcionarios públicos.

Aunque así no fuera, el Estado mexi­cano tiene responsabilidad en todas y cada una de las desapariciones, por cuanto éstas ocurrieron en el contexto de una dislocación de la seguridad pública, cuya preservación es una obligación estatal irrenunciable, como lo es garantizar el derecho de la ciudadanía en general a la vida y a la libertad. Y si bien ahora el país tiene un gobierno distinto al que ejerció el mando hasta el 30 de noviembre de 2012, hay una continuidad institucional que obliga al Estado a asumir responsabilidades de sexenios anteriores.

En este sentido, resulta necesario que las autoridades actuales, además de reconfortar a los familiares de los ausentes, realicen los esfuerzos necesarios para esclarecer las circunstancias de las decenas de miles de desapariciones y de ubicar el paradero de las víctimas de este delito.

Pero es necesario ir más allá. Se requiere un ejercicio de procuración de justicia para impedir que las desapariciones ocurri­das en el contexto de la guerra contra la delincuencia desatada por Felipe Calderón se salden con la impunidad. Ciertamente, será imposible esclarecer la totalidad de los casos e identificar y presentar a todos los responsables, pero entre esos escenarios ideales y la exasperante falta de justicia que impera hoy día hay un gran margen para lo posible.

Sin duda, los casos en los que el esclarecimiento y la procuración de justicia resultan más practicables –y con mayor razón, exigibles– son aquellos en los que hubo servidores públicos involucrados en las desapariciones de personas, lo que las convierte en desapariciones forzadas, las cuales pueden constituir, a su vez, un delito de lesa humanidad.

En suma, el compromiso del actual gobierno ante las desapariciones perpetradas en el país no debe limitarse a la enumeración y sistematización de los casos; para que resulte creíble debe llegar también al esclarecimiento y a la justicia.