El reto mayor en el país es lograr que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes y modificar la mirada adultocéntrica que prevalece en el tema de la niñez, manifestó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio.

En el contexto de la presentación del octavo informe La infancia cuenta en México, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Bucio afirmó que se requiere una ley general para garantizar la defensa de los derechos humanos de ese grupo de población, así como mecanismos de cumplimiento de las normas y el seguimiento a tratados internacionales.

Destacó que aun cuando Méxi­co es parte de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y se han logrado avances en materia de derechos humanos, no hay mecanismos que garanticen el respeto de las garantías de los infantes por parte del Estado, además de que persisten contenidos contradictorios en las normas actuales respecto de lo que establece la Constitución y los gobiernos locales.

No hay manera de, en lo cotidiano, garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la educación inclusiva, explotación laboral infantil, trabajo en el hogar, tutela y curatera, educación indígena, matrimonio y familia. Lo más grave, enfatizó, es que la justicia no está al acceso de niños y adolescentes.

La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Dipu­tados, la perredista Aleyda Alavez, advirtió que el libro de la Redim será una herramienta fundamental para la tarea legislativa de emitir leyes y normas que garanticen el respeto a las garantías individuales de los menores de edad.

Recordó que los legisladores tienen frente a sí un nuevo reto que se presenta a partir de que el gobierno de México retiró, la semana pasada, la declaración interpretativa que mantenía respecto del Protocolo Facultativo sobre la Participación de los Niños en Conflictos Armados, contenida en la Convención de los Derechos del Niño.

“Por tanto –advirtió– el gobierno mexicano ya es responsable de la participación de los menores de 18 años en hostilidades de grupos civiles armados y conflictos internos y, en consecuencia, tiene que adoptar medidas legislativas y políticas públicas para impedir el reclutamiento de los menores de edad en los grupos armados”.

Sobre ese tema dijo que se tiene que integrar información sobre casos concretos para evidenciar que hay varios grupos armados donde participan niños, muchos de ellos ligados al crimen organizado; a sicarios que manejan esquemas de subordinación; a grupos paramilitares al servicio de las fuerzas políticas locales que reclutan y usan en enfrentamientos a niños indígenas, así como cualquier otro supuesto en donde el Estado debe asumir su responsabilidad y consecuencias.

Por su lado, la presidenta de la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, admitió que es necesario contar con una nueva ley general que dé garantías a los menores y adolescentes.

También consideró indispensable que haya un órgano rector en materia de infancia y adolescencia, que involucre de forma horizontal a todas las dependencias.