Organizaciones de apoyo a trabajadores migrantes de México, Estados Unidos y Canadá denunciaron al gobierno canadiense por eliminar prestaciones y beneficios sociales que gozaban empleados agrícolas temporales, así como el cobro de cuotas ilegales de hasta 2 mil pesos para acceder a listas de espera con la promesa, casi siempre incumplida, de lograr una visa de trabajo.

Destacaron que el pasado 6 de diciembre, Diane Finley, ministra de Recursos Humanos y Desarrollo de Aptitudes de Canadá (HRSDC, por sus siglas en inglés), anunció la eliminación del seguro de desempleo, los beneficios de paternidad, maternidad y de compasión para los migrantes participantes en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) que emplea anualmente a más de 30 mil ciudadanos  mexicanos y del Caribe.

Griselda Vega, de Global Workers Justice Alliance, subrayó en conferencia de prensa que la ministra olvidó mencionar que estos trabajadores continuarán pagando este fondo de protección social, como lo han hecho desde 1974, sólo que ahora no podrán cobrar estos beneficios.

Se calcula que los trabajadores migrantes han contribuido con 125 millones de dólares canadienses al Seguro de Desempleo, sin embargo, no fue sino hasta 2002 cuando algunos de ellos comenzaron a tener acceso a algunas de estas prestaciones.

Los trabajadores jornaleros migrantes llevan a cabo las labores más duras en los campos canadienses y estadunidenses, muchas veces en condiciones precarias y peligrosas que ponen en riesgo su la salud y su la vida, de hecho son unos de los trabajadores más vulnerables y desprotegidos en estos países afirma Griselda Vega.

A su vez, Jessica Stender, del Centro de Derechos del Migrante, enfatizó que la eliminación de estos beneficios es otro ejemplo del tipo de trato injusto que reciben los migrantes por parte de diversos gobiernos receptores de migración laboral, aunque mencionó que el maltrato inicia en las oficinas de la Secretaría del Trabajo, donde se decide quién es candidato a una visa de trabajo y quién no, de manera totalmente discrecional.

Además, coincidió con Mayela Blanco, del Proyecto Jornalero Safe, en que los aspirantes a una visa pagan una cuota de reclutamiento en México, completamente ilegal, que oscila entre 350 y 500 dólares.

Más de la mitad de quienes recibieron una visa de trabajo temporal H2A tuvieron que pagar parcial o totalmente su pasaje, a pesar de que el Programa prevé que debe ser cubierto por el empleador, lo que los obliga a recurrir a préstamos con altas tasas de interés para cubrir esos gastos.

Marco Antonio Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), refirió el desinterés del gobierno mexicano ante un fenómeno de nueva esclavitud que termina desintegrando familias.

Esta denuncia se suma a la realizada en 2009 por otras organizaciones contra la exigencia de una visa para todo mexicano que pretenda viajar a Canadá, impuesta por el país norteamericano bajo el argumento de que aumentaron las solicitudes de asilo de mexicanos sin fundamento alguno, y la reciente declaración de Bernard Brister, profesor del Colegio Militar Real, quien sostuvo que Canadá debe dejar de considerar al terrorismo como su principal amenaza y colocar a México como su principal preocupación.