La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó falta de cobro de sanciones económicas por 459 millones 362 mil pesos –monto similar al quebranto en la Estela de Luz–, que fueron impugnadas y ganadas por funcionarios multados en la administración de Felipe Calderón.

Lo anterior, debido a que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no fundamentó las irregularidades imputadas o prescribieron sus facultades por no realizar las gestiones a tiempo.

Así, de los 5 mil 459 millones de pesos por sanciones económicas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debía cobrar en 2011, apenas recuperó un millón 429 mil pesos (0.03 por ciento), de acuerdo con los resultados de la cuenta pública de ese año.

La ASF concluyó además que la SFP no ha realizado trabajos de inteligencia para detectar a funcionarios que normalmente recurren a prácticas ilegales en el desarrollo de sus funciones.

En su reporte, la entidad fiscalizadora determinó también que dicha dependencia –que tiene entre sus funciones vigilar que los funcionarios federales se apeguen a la legalidad– no incluyó 49 sanciones por mil 33 millones de pesos impuestas en 2011, y que sí están contenidas en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), el cual integró mil 66 multas por 7 mil 361 millones 679 mil pesos.

Además, observó que los procedimientos administrativos para establecer responsabilidades presentan inactividad en sus diversas etapas, por periodos que van de 100 hasta mil 200 días y, en consecuencia, tardan en emitir su resolución hasta cuatro años.

Por ejemplo, de la revisión al expediente de responsabilidad por 212 millones 600 mil pesos en Pemex Refinación, se comprobó que los funcionarios involucrados presentaron pruebas para su desahogo desde el 9 de julio de 2004, y el Órgano Interno de Control (OIC) –dependiente de la SFP– las admitió hasta el 3 de enero de 2007.

Lo anterior no sólo ocasionó retraso de más de tres años en la resolución del procedimiento, sino que las dos sanciones económicas por el importe antes referido fueron impugnadas por los funcionarios sancionados, y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) declaró la nulidad de las dos penalidades a causa de que la resolución del OIC se les notificó tres meses y 15 días después del término de prescripción.

Por otra parte, la ASF destacó que en el periodo 1983-2012, la SFP recibió 608 mil 58 quejas y denuncias por probables actos indebidos de los servidores públicos. De ese total, sólo impuso 158 mil 352 sanciones, de las cuales, 87.8 por ciento fueron administrativas y 12.2 de tipo económico, por 67 mil 922 millones de pesos.

A partir de 2008, cuando empezó el registro de la definitividad de las multas, la SFP impuso 47 mil 243, de las que 77.1 por ciento fueron aceptadas por los servidores públicos y 22.9 impugnadas.

La ASF emitió un dictamen negativo de la SFP, y entre la serie de recomendaciones señaló que esa dependencia debe fortalecer sus mecanismos de control para subsanar deficiencias, que van desde errores en los datos de los perjuicios ocasionados en los puestos de los servidores y en el número de los créditos fiscales, hasta en los medios de impugnación.