Un tribunal federal cerró en definitiva el primer caso en que la Procuraduría General de la República (PGR) intentó conseguir órdenes de aprehensión contra los dos principales responsables del proyecto de la Estela de Luz.

El pasado lunes, dos días antes de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe relativo a la investigación emprendida sobre la construcción de la Estela de Luz, en el que concluyó que todo el proceso estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción, que generaron un quebranto al erario de casi 400 millones de pesos y motivaron dos denuncias penales, la magistrada Olga Estréver Escamilla, del tercer tribunal unitario penal del Distrito Federal, negó de forma inapelable las capturas solicitadas contra Agustín Castro Benítez, ex director de la empresa iii Servicios (afiliada a Pemex), y Juan Alberto Bravo Hernández, su ex asesor técnico administrativo.

En su acusación, la PGR sostuvo que Bravo realizó contrataciones de la Estela de Luz y firmó documentos en calidad de servidor público sin tener dicha calidad, durante los primeros cinco meses en que empezó a colaborar con Castro. Es decir, no aparecía en la nómina.

Por ese motivo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó 12 años a los dos ex funcionarios, pero según fuentes del Poder Judicial Federal (PJF), la PGR no acreditó sus acusaciones, aunque Bravo sí era servidor público.

De acuerdo con información del PJF, la magistrada Estréver negó librar las órdenes de aprehensión contra los ex servidores públicos al estimar que la procuraduría no ofreció los indicios suficientes para inculparlos.

Con base en los datos obtenidos, la PGR pidió las capturas de Castro por abuso de autoridad, y la de Bravo por usurpación de funciones, ninguno de los cuales es grave, motivo por el cual hubieran alcanzado el derecho a la libertad provisional si la aprehensión hubiera procedido.

Las fuentes consultadas revelaron que el caso consignado por la PGR se basa en una denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública, luego de inhabilitar por 12 años a los ex funcionarios mencionados, en diciembre pasado.

El arquitecto César Pérez Becerril, autor de la Estela de Luz, en su momento acusó a Bravo de presunto conflicto de intereres, pues en marzo de 2009 era superintendente de Gutsa, y en enero de 2010, cuando esta empresa fue contratada para la obra, él ya coordinaba para iii Servicios el proyecto de la edificación.