El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, advirtió que si bien las policías comunitarias son un esquema que en algunas entidades es añejo –incluso en Hidalgo, entidad que gobernó–, es necesario que se conduzcan en el marco de la ley, porque de lo contrario puede ser muy peligrosa su operación.

En algunos casos se trata de eso (policías formados y elegidos por usos y costumbres), pero en otros se trata de un elemento que puede ser muy peligroso si no somos cuidadosos, porque la idea de que existan instituciones es evitar que existan casos de venganza pública o la ausencia de reglas y normas para poder combatir a la delincuencia, señaló en entrevista.

Al respecto, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que la existencia de policías comunitarias no es un problema per se o que arranque conclusiones apocalípticas. Subrayó que lo importante es tener controles internos y externos, no para proteger a las manzanas podridas del lugar sino que se apeguen a los marcos legales y al respeto a los derechos humanos, así como a la rendición de cuentas.

En la presentación del informe más reciente de HRW, el cual documenta 249 casos de desapariciones en México, respondió, a pregunta expresa, que las policías comunitarias pueden surgir en México como efecto de la crisis de seguridad que aqueja al país, en una región donde es evidente que los policías no están a la altura de las exigencias de la sociedad.

Acerca de los presuntos responsables de las agresiones sexuales contra mujeres españolas, Murillo Karam confirmó que los implicados ya están absolutamente confesos, consignados y sujetos a proceso, y ahora (sus identidades) sí pueden ser públicas.

Reiteró que la política gubernamental es no presentar ante la opinión pública a los implicados mientras no haya un proceso que los señale como presuntos responsables o por lo menos una orden de aprehensión. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, dijo en entrevista al término de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y el Comité Internacional de la Cruz Roja.