La Procuraduría General de la República (PGR) suspendió los pagos a sus testigos protegidos y revisa los expedientes de cada uno para conocer sus aportaciones en casos específicos y la efectividad de sus declaraciones en los procesos o averiguaciones previas, revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

El programa de testigos protegidos y colaboradores de la PGR suma en promedio 40 personas mensualmente bajo este esquema, y los recursos que les entregan van de los 50 mil a los 150 mil pesos cada 30 días, además de personal para su seguridad, pago de vivienda y alimentación para ellos y sus familias.

Los funcionarios consultados refirieron que esta suspensión de pagos se enmarca –al igual que la falta de recursos para operaciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada– en la nueva estructura de la PGR, la cual está siendo diseñada por el procurador Jesús Murillo Karam, con la cual pretende construir lo que dijo será la ‘‘procuraduría del siglo XXI’’.

Como informó La Jornada en días anteriores, la restructuración de la PGR ha ocasionado que diversas áreas operativas de la institución –con sede en la ciudad de México– no cuenten con recursos para la realización de cateos e investigaciones en casos de secuestro y de combate a cárteles de las drogas, lo que ha generado que agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial hayan tenido que cubrir sus gastos de transporte, alimentación y hospedaje para acudir a diligencias en diversas entidades.

Asimismo, la restructuración implicará la transformación o redistribución de las actuales subprocuradurías, pero el avance del proyecto se ha desarrollado de manera confidencial.

Los testigos protegidos tuvieron un costo de más de 180 millones de pesos –un promedio de 35 millones anuales– durante el gobierno de Felipe Calderón, y de 2003 a 2008 se incorporaron a este programa 400 personas; de 2009 a 2012 se mantuvo mensualmente un promedio de 40 de estos testigos y sus familias, según reportes internos de la PGR.