n América Latina se ha recurrido a los referendos locales en conflictos mineros. Los precursores fueron Tambogrande, en el norte de Perú, y Esquel, en la Patagonia argentina, en 2002 y 2003. Aunque no se reconociera la validez jurídica de tales referendos, fueron efectivos para parar los proyectos auríferos. Agro sí, mina no, se dijo en Tambogrande, un valle irrigado de la costa peruana. Otras consignas fueron: Vida sí, mina no, Agua sí, oro no. Los ejemplos de Tambogrande y Esquel fueron propagados por videos y apoyados por redes como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y por la página web nacida en Esquel No a la Mina. No son casos NIMBY ( not in my backyard), sino manifestaciones del ecologismo popular e indígena, expresiones locales del movimiento global de justicia ambiental.

Ante la inhibición de las autoridades frente a las protestas, ante su aceptación de sobornos ofrecidos por las compañías mineras, se levanta un sentimiento de orgullosa democracia local, a veces reforzada por sentimientos de identidad indígena. No se usa (solamente) la acción directa, las marchas y corte de rutas, sino la consulta local. Así, en junio de 2012 hubo un referendo en Loncopué (Neuquén, Argentina); ganó con 84 por ciento la iniciativa contraria a la minería a cielo abierto.

Hay unos 30 o 40 casos en América Latina bien documentados, con dos variedades principales. Unas son las consultas que apelan al Convenio 169 de la OIT, que dice que los pueblos indígenas pueden negar su consentimiento a la minería, plantaciones o extracción de petróleo o gas en sus territorios. En Guatemala ha habido muchas consultas de este tipo, la más famosa en Sipakapa, en el departamento de San Marcos. Sin alcanzar inmediatas victorias, por lo menos aumentan la legitimidad social de la oposición y retrasan los plazos de ejecución. En otros casos, son ciudadanos sin más (como en Perú, en el caso de Islay, en Arequipa) quienes organizan referendos siguiendo los precedentes de Tambogrande y Esquel. Una tercera vía es que el Estado pida un referendo local, como podría ocurrir en Uruguay con el proyecto Aratirí de minería de hierro (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy-briefs-engov-01-2013_es.pdf).

Un caso actual enfrenta a la comunidad de Kañaris en Ferreñafe, Lambayeque (Perú), contra la empresa junior canadiense Candente Copper y contra el Estado peruano. Esa comunidad es de habla quechua, posiblemente antiguos mitimaes. El proyecto Cañariaco Norte supone una inversión de mil 500 millones de dólares y 110 mil toneladas de cobre al año durante 25 años. El 30 de septiembre de 2012 los comuneros (varones y mujeres) de los distintos caseríos de San Juan de Kañaris, acudieron a una consulta comunal. Una asamblea anterior (favorable a la minera) había tenido una exigua participación. El resultado final públicamente difundido fue de mil 896 participantes (casi la mitad del censo), de los cuales mil 719 votaron en contra del proyecto y 106 a favor, con 71 votos blancos y nulos. Al parecer no se apeló al Convenio 169 de la OIT, sino simplemente a la democracia local. Esta consulta contó con la presencia de la policía nacional y de organizaciones de apoyo: la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Red Muqui, el llamado Comando Unitario de Lucha de Lambayeque. El Ministerio de Energía y Minas desconoció los resultados de la consulta a pesar de que el director de Energía y Minas de la Región de Lambayeque estuvo presente en el referendo. También la empresa Candente Copper rechazó el resultado y anunció que proseguiría con la exploración de cobre, oro y plata en tierras de Kañaris. Entretanto, el presidente de la comunidad pidió que se respete la voluntad de la población expresada en esa consulta con voto secreto.

A finales de 2012 hubo un corte de carreteras y un secuestro temporal de tres geólogos, formas de actuación practicadas a lo ancho del planeta. El 17 de diciembre de 2012, en un tira y afloja, la comunidad suspendió las protestas hasta que se presentaran las conclusiones del diálogo con las autoridades. La empresa ofreció entregar a los comuneros vecinos al proyecto un millón de acciones de la compañía una vez iniciada la construcción de la mina. El precio de esas acciones en la bolsa sube y baja según las noticias que llegan de Ferreñafe. El 11 de enero de 2013, el presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios, anunció que la decisión de casi 4 mil comuneros era reiniciar las protestas en contra de la minera. El 25 de enero la policía atacó a comuneros que bloqueaban rutas y hubo varios heridos. El conflicto continúa.

* Catedrático de economía e historia económica en la Universidad Autónoma de Barcelona