urante seis años los mexicanos vivieron entre el terror institucional, establecido por Felipe Calderón a cuenta y cuento de una guerra de interesado reacomodo mercantil del narcotráfico, y el cinismo cotidiano de las autoridades, comenzando por el propio ocupante de Los Pinos, que se empeñaron en negar con aires displicentes o con encendidos discursos (a veces, con golpes sobre el atril, siempre con la colérica ceja levantada en esos momentos) la evidente realidad de la constante violación de los derechos humanos, de la tortura, la desaparición y el asesinato practicados por miembros de las fuerzas y las instituciones que presuntamente deberían garantizar orden, legalidad y seguridad.

Felipe Calderón Hinojosa mintió por sistema pero, aún peor, sostuvo e incentivó el aparato macabro de represión y exterminio, acompañado por su vicepresidente ejecutante, Genaro García Luna, quien al igual que su ex jefe disfruta de impunidad en hospitalarias tierras estadunidenses. El general Guillermo Galván Galván, condescendiente secretario de la Defensa Nacional, cumplió puntualmente las instrucciones de un mando supremo desquiciado, al que obsesionaban de manera enfermiza los juegos macabros, el exterminio de los malos, la limpieza social y los símbolos de guerra. Para suplir las debilidades de la estructura verde olivo, penetrada por los intereses de determinados grupos del narcotráfico, objeto de desconfianza del poder estadunidense que promovía detenciones de capos y decomisos de cargamentos que abortaban en cuanto un alto mando de la Sedena sabía los detalles, entró en acción la Secretaría de Marina, con el almirante Mariano Francisco Saynez al frente y con un estilo arrasador y despiadado que hizo, inevitablemente, recordar los peores relatos de horror correspondientes a las dictaduras de Centro y Sudamérica.

Y, sin embargo, la mayoría de los grandes medios de comunicación guardaban silencio sobre los hechos terribles de cada día, e incluso en el ámbito de Televisa se llegó a promover un pacto de moderación informativa, que usando como coartada no darle publicidad al crimen organizado terminaba ocultando sucesos y se negaba a ir a la raíz del problema. Salvo excepciones que el público más atento conoce y aprecia, una gran mayoría de los líderes de opinión, conductores de programas de radio y televisión, comentaristas y usuarios privilegiados de espacios mediáticos se acomodaron a las necesidades del sexenio felipista y no sólo guardaron silencio cómplice sino que con frecuencia utilizaron sus habilidades retóricas para justificar y ensalzar lo que hacía el poderoso en turno.

En ese contexto ha sido importante el reporte que Human Rights Watch ha entregado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a los casos de casi 250 desapariciones forzadas que sucedieron durante el sexenio del becario al que Harvard ha aceptado en su campus, mientras en México van surgiendo o se van conformando datos firmes que lo hacen responsable de crímenes y corrupción. En el análisis de los casos que pudo documentar HRW queda demostrada de manera contundente la participación de miembros de policías, de la Marina y del Ejército. José Miguel Vivanco, director para América de HRW, declaró que el récord del gobierno del presidente Calderón en materia de derechos humanos es un desastre, y tiene que ser abordado con seriedad.

Y, sin embargo, las cifras oficiales relacionadas con desapariciones forzadas durante el calderonismo no quedan en las casi 250 que HRW pudo documentar con todo cuidado. The Washington Post aseguró, un par de días antes de que el panismo dejara Los Pinos, que existía una lista de cuando menos 25 mil personas en tales circunstancias. Este miércoles, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García, dio confirmación oficial a esas cifras al retomarlas e incluso fijarlas en 27 mil 523 casos.

Tan puntual recuento no ha podido ser sustentado por la funcionaria ni por su jefe, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha asegurado a organismos defensores de derechos humanos que el régimen peñanietista hará su máximo esfuerzo para saber la verdad de hechos sobre los cuales ni siquiera se tiene precisión numérica aún. Las presuntas buenas intenciones esclarecedoras de Gobernación se han topado con lo que hasta ahora parece un desliz declarativo de la subsecretaria Limón García, que de inmediato ha sido aprovechado por sus ex compañeros calderonistas, quienes exigen que se den pruebas que sustenten los dichos sobre decenas de miles de desaparecidos. La subsecretaria es hija de Miguel Limón Rojas, quien fue secretario de Educación Pública durante el primer priísmo; estuvo casada con Luis Carlos Ugalde, quien presidió el IFE en 2006; y fue feliz diputada local en el DF y aspirante a delegada hasta que peleó con el panismo calderonista, renunció al partido de blanco y azul y se pasó al de tres colores.

Astillas

El gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera ha decidido premiar y ascender de grado a los policías que detuvieron al senador verde Jorge Emilio González Martínez. Se subraya en especial que esos agentes se negaron a participar en actos de corrupción. Bien por ese reconocimiento a lo que todo servidor público debería hacer por sistema. Pero, además de constituir una involuntaria confesión de que es excepcional que haya esa resistencia a la corrupción, y por ello es necesario distinguir tal acto inusual con un premio, las autoridades dejan sin consecuencia lógica de castigo a la otra parte involucrada en un acto de corrupción. Si los policías resistieron, ¿qué se hará a quienes ofrecieron soborno, forcejearon y arrebataron por segundos al senador ebrio y amenazaron con despidos y represalias? ¿Qué castigo habrá para el legislador que dio un nombre falso y por tanto está en una clara hipótesis delictiva? ¿Premiar a los que resistieron, pero dejar impunes a los que provocaron esa resistencia? A menos que lo que se busque sea simplemente la simulación ceremonial, la apariencia para fines mediáticos... ¡Feliz fin de semana!

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