Quito, 21 de febrero. Visto desde otras latitudes latinoamericanas, dominadas por el rezago y los conflictos, Ecuador hoy en día es un referente. Y está mejor que con todos sus gobiernos anteriores. Eso lo reconoce el líder opositor Alberto Acosta. “Pero si hacemos una revisión objetiva entre lo que se está haciendo y lo que planteamos en el proyecto original de la revolución ciudadana y lo que nos manda la Constitución –advierte– nos hemos desviado”.

Es la crítica implacable de Alberto Acosta, que fue en los años de la academia y del activismo ciudadano el mentor de Rafael Correa. Fue quien lo convenció de presentar su candidatura a la presidencia en 2006. Ahora lo define así: Es un conductor que pone las direccionales a la izquierda y da vuelta a la derecha.

Ambos nacionalistas y connotados economistas, han usado en la tribuna la palabra traición en sus ataques mutuos. Los dos fueron candidatos a la presidencia. Correa obtuvo 60 por ciento de los votos. Acosta, 3 por ciento.

Estos son sus principales cuestionamientos: no ha cambiado las estructuras, no ha avanzado en la revolución agraria, no ha tomado medidas para desprivatizar el agua, que es el corazón de nuestra carta magna y está listo para abrir las puertas, en los próximos cuatro años, a la explotación minera intensa.

Pronostica, para los próximos cuatro años, una creciente resistencia contra el gobierno y sus políticas, en primer lugar, en comunidades campesinas que se oponen a la privatización del agua. Y adelanta que Correa tendrá una respuesta autoritaria.

–¿Cabe la palabra traición de Correa?

–Está traicionado el mandato popular de la Constitución. Sé que es duro. Igual a mí me llama traidor.

El distanciamiento

–¿Cómo se empezó a distanciar de Alianza Patria Altiva y Soberana, partido que usted contribuyó a fundar?

–Los problemas empiezan con la aprobación de la ley de minería que abre la puerta para que se viole la Constitución en varios de sus artículos en 2009 y 2010. El punto de ruptura fue la imposición de Ley de Aguas. La nuestra es la Constitución del agua: se prohíbe toda privatización porque es un derecho humano. Pero si bien no se han dado pasos para privatizar, no se desprivatiza. El 86 por ciento de los campesinos del país, como usuarios de agua de riego, controlan 13 litros de cada 100. Los terratenientes controlan 60 de cada 100.

“No se quiere que las comunidades participen en la administración del agua. Esto ya provocó movilizaciones indígenas y en breve, lo van a ver, van a ser los dos grandes temas de resistencia.  Hay que ver cómo enfrenta esto el gobierno, si hace lo que hacía Lucio Gutiérrez, que organizaba de inmediato la contra movilización.

“En 2011 el conflicto se agudiza con la consulta popular. Formamos el frente ‘Esta vez no, señor presidente’. Todavía estaba la puerta abierta para un diálogo, pudo haber habido conversaciones, pero el gobierno nunca tuvo interés”.

–¿Cuál fue su postura durante el intento del golpe de Estado?

–No hubo intento de golpe de Estado. Eso está bien para el discurso oficial. Lo que hubo fue un intento de golpe al Estado de derecho, a la ciudadanía se le dejó en la indefensión y al presidente se le mantuvo secuestrado. No hubo intento de cambiar de gobierno aunque hubo quienes quisieron pescar a río revuelto. Si quieres, fue un ejercicio de fuerza para ver hasta qué punto tenía solidez el gobierno. No estoy de acuerdo con eso ni apruebo que los grupos políticos que ahora estamos en la unidad lo hayan apoyado.

–El éxito del proceso en Ecuador significa mucho para los sectores progresistas de América Latina ¿no le parece?

–Si se ve desde México, Colombia, Perú, por supuesto. Si lo comparas con los gobiernos anteriores a Correa, por supuesto. Pero nunca propusimos hacer sólo un mejor gobierno, sino uno que cambiara las estructuras, y aquí no hay cambio estructural alguno. Es fantástico tener un gobierno que se la juega por la integración latinoamericana, antes de privilegiar su alianza con Estados Unidos. Pero ese no puede ser nuestro consuelo.

–¿Lo considera un modelo exitoso, considerando que ha logrado que Ecuador tenga en seis años los mayores ingresos en toda su historia?

–Es por el alto ingreso del petróleo en primer lugar.

Del consenso de Washington al de Pekín

–¿No por algunas de sus políticas públicas, es por haber renegociado los términos de la renta petrolera?

–Esas renegociaciones son muy cuestionables. Es positivo que no sigamos atados al consenso de Washington. Estamos en una fase postliberal, no postcapitalista. ¿Y eso es bueno? Sí, claro, es estupendo recuperar el papel del Estado, a diferencia de la etapa neoliberal en el que había un Estado desertor, que permitía que vía la deuda externa los deudores, el FMI, el Club de París nos impusieran todo tipo de condiciones.

“Pero hay cosas que me incomodan. Ejemplo: Hay mucha inversión y mucha obra pública, pero no hay fiscalización. Ese es el detallito. Hay inversión en educación y salud pero todavía es insuficiente a los mandatos de la carta magna. La constitución dispone que ya debiéramos estar cerca del seis por ciento en educación y cuatro por ciento en salud. Y estamos en 3.5 y 2.5 por ciento, respectivamente.

Hay un manejo de subsidios que le permite a l gobierno tener una base clientelar muy fuerte. Esa es la tentación de los gobiernos extractivistas, mineros y petroleros: viven de la naturaleza y trasladan los recursos hacia la sociedad a través de mecanismos clientelares. Eso te da solidez política pero no solidez social.

–¿Cuál sería la alternativa?

–Modificar esa política. Con ese bono el gobierno facilita que hagas tus compras en las grandes cadenas comerciales de modo que el dinero de los pobres lo reciben los ricos. Y se les transmiten patrones de consumo que son muy distantes de sus posibilidades reales y ajeno totalmente al buen vivir. Proponemos un bono de desarrollo humano y productivo con mercados campesinos, artesanales, para meter el dinero circulante a la economía popular.  

“Y Correa se olvidó del agro. De 26 mil millones de dólares que fue el presupuesto del año pasado, menos del uno por ciento es para la agricultura.

“Hay un documento del gobierno que dice: ‘nunca antes los grandes grupos económicos han estado mejor. Nunca antes los más pobres de la patria han estado menos peor’. Textual.

“Las 100 empresas mas grandes incrementaron sus ganancias  50 por ciento en los primeros cinco años de Correa. La banca incrementó sus utilidades en más de 52 por ciento en 2011. Las telefónicas, entre ellas la de tu paisano (Carlos) Slim, tienen utilidades sobre patrimonio neto nada más de 38 por ciento anual.

“Lo malo es que ganan de manera ociosa, ese es el problema. No están invirtiendo y eso se refleja en un crecimiento de importaciones aceleradísimo que estrangula el sector externo. Ese es el meollo del asunto. Los grandes todavía no confían.

–¿Lo que no le gusta es que el proceso es demasiado gradual?

–Es que no hay gradualismo, no se están cambiando las estructuras.

–Ha dicho que reconoce que Ecuador ya no esté en el consenso de Washington, pero lamenta que se esté en lo que llama el consenso de Pekín.

–Ellos son socios principales. Los chinos no van a imponer condiciones de política económica como hacían los estadunidenses. Ese no es su afán. Ellos están de compras en el mundo. Se aprovechan de la situación de Ecuador que tiene cerrado el mercado financiero internacional luego de la recompra de deuda.  Eso lo apoyamos desde la sociedad civil muchos años atrás. Nos cerraron las puertas a los créditos, sólo nos quedó el BID y otros cuantos más y ahora los chinos nos prestan en condiciones onerosas. Sabemos que algunos de estos contratos tienen tasas de interés muy altos.

“Pero a Correa le exaspera que le pregunten de esos temas. Él, lamentablemente, ya no razona mucho, él insulta. Y es una pena porque es una persona muy inteligente.

El caso Luluncoto

Por último, Acosta habla del caso de lo que la prensa llama los 10 de Luluncoto, diez estudiantes detenidos en marzo del año pasado, acusados de hacer estallar bombas panfletarias. Dos chicas del grupo siguen presas. Lo que el opositor considera una enorme incongruencia del gobierno es que los jóvenes son acusados de terrorismo, bajo una ley que rigió en los años 70, con los militares. Lo primero que hicimos al llegar al gobierno fue amnistiar a cerca de 500 campesinos y líderes sociales sobre quienes pesaban estos cargos. Y ahora ese código penal represivo es utilizado en contra de luchadores sociales.