Guadalajara, Jal., 21 de febrero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en Jalisco se cometió un probable daño al erario en el uso de 850 millones de pesos de recursos federales que se entregaron a estados y municipios en 2011.

En un informe presentado ante la Cámara de Diputados, la ASF indica que el boquete financiero más grande corresponde a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que sumaron 14 mil 432 millones de pesos y que la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) ejerció privilegiando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Muertos que cobran y maestros ubicuos

Una observación a la SEJ es por 49 millones 386 mil pesos destinados a financiar percepciones que no cuentan con normatividad en su otorgamiento. Siete millones 564 mil pesos se destinaron al pago de percepciones a empleados que habían causado baja definitiva por defunción, jubilación y licencia prepensionaria.

Cuarenta millones 615 mil pesos se pagaron a trabajadores comisionados de las secciones 16 y 47 del SNTE en forma improcedente; 58 millones 195 mil pesos se entregaron a supuestos empleados que no se localizaron en el catálogo del personal que cuenta con el beneficio de carrera magisterial.

Una observación señala que 85 millones de pesos se usaron para pagar a trabajadores que laboraron en diferentes centros de trabajo en el mismo turno de forma simultánea, sin compatibilidad de empleo.

Seis millones 380 mil pesos se entregaron a personas que no fueron identificadas por los responsables de los centros de trabajo. Estas y otras irregularidades suman 509 millones 554 mil pesos de recuperaciones probables que solicitó la ASF.

La auditoría también presume que la SEJ incurrió en un quebranto por 37 millones 928 mil pesos por no presentar documentos que comprobaran el destino y aplicación de intereses generados; asimismo, detectó que tres millones 90 mil pesos de fondos etiquetados se emplearon para financiar cuatro centros de trabajo que no fueron identificados en el catálogo estatal.

Otro hueco financiero corresponde a los 2 mil 455 millones de pesos entregados en 2011 a la Secretaría de Salud para diversos programas, en especial el Seguro Popular. Diez millones 590 mil pesos se usaron para cubrir remuneraciones con recursos de la cuota social a personal regularizado que no prestó servicios directos a los afiliados a este sistema de protección social, como estaba previsto.

La observación más importante en este rubro se refiere al uso de 268 millones de pesos de un presupuesto no autorizado para el pago de servicios subrogados sin contar con la documentación comprobatoria.

Otras observaciones se refieren a los recursos entregados para el Fondo Metropolitano (más de 30 millones de pesos), para educación tecnológica y de adultos (11 millones), programas federales (siete millones), aportaciones múltiples (casi cinco millones), fortalecimiento de entidades federativas (tres millones), y seguridad pública (un millón), entre otras irregularidades que afectaron a miles de jaliscienses en zonas marginadas.