Culiacán, Sin., 15 de febrero. El gobernador Mario López Valdez dijo que los comuneros de la presa Picachos no son afectados, sino beneficiados de la obra hidráulica, por lo que se deben revisar los recursos por concepto de indemnización que han recibido y, si se les ha pagado de más, solicitar que lo regresen.

Podemos hacer un ejercicio para transparentar lo que han recibido, y en virtud de que hoy ya tenemos definido el lote de afectación, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional; si se les afectaron 12 metros y se les pagó 10, entonces les debemos dos. Pero si les pagamos 20 y nada más les afectamos 10, que nos regresen los 10 que se les pagó de más, manifestó el mandatario.

Entrevistado durante un recorrido por la Expo Agro, que se realiza en Culiacán, el gobernador insistió en que los comuneros serán los beneficiados por las concesiones de explotación pesquera de la presa, transporte público y turístico, porque además recibirán indemnizaciones según los precios actuales de los terrenos expropiados.

No comparto la idea de que la gente de Picachos se sienta afectada; por lo tanto yo no los llamaría los afectados, tras recibir más de 800 millones de pesos, esto significa 70 por ciento del costo de lo que costó construir la presa, sostuvo.

López Valdez afirmó su interés en transparentar el ejercicio de la indemnización otorgada en 2010. Quieren hacer ese ejercicio, no tenemos ninguna razón para no aceptarlo y si no quieren venir a palacio de gobierno podemos previamente pactar una agenda y yo puedo ir a Picachos, si es que ellos me quieren recibir, dijo.

El 10 de febrero, 30 comuneros desplazados por la construcción de la presa fueron detenidos por policías ministeriales del estado, minutos antes de iniciar el desfile del Carnaval de Mazatlán, justo cuando éstos se disponían a realizar un acto de protesta en un céntrico sector de ese puerto.

Entre los aprehendidos se encontraban Atilano Román y la abogada de los inconformes Alma Barraza. Los manifestantes estaban en la calle Quijano cuando fueron sorprendidos por los uniformados. Versiones extraoficiales señalaron que los comuneros se preparaban para participar en el desfile del Carnaval con una parodia en la que aparecerían homosexuales disfrazados del gobernador Mario López Valdez, Alejandro Higuera Osuna, alcalde de Mazatlán, y los diputados federales Francisca Corrales, del Partido Revolucionario Institucional, y Martín Heredia, del Partido Acción Nacional.

Tres días después, los inconformes fueron liberados sin acusación formal, a pesar de que el gobernador Mario López Valdez había dicho que éstos portaban un arma de fuego y pequeñas porciones de droga. Ahora los comuneros exigen una disculpa pública del mandatario.