Oaxaca, Oax., 15 de febrero. Entre enero de 2002 y junio de 2011, la Secretaría de Economía (SE) entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento del territorio estatal, informó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.

El dirigente precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.

Estas autorizaciones, añadió, han dado pie a 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial: el primero, El Águila, de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros; el segundo, San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.

Leyva Madrid dijo que la mayor parte de municipios, ejidos o comunidades agrarias, en su mayoría indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, pues no ocurrió ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades.

Expuso que el gobierno federal no ha respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de sus recursos naturales, incluida la minería.

Destacó que en el proyecto de San José, la empresa minera ha perpetrado desde hace aproximadamente seis años acciones violentas contra la comunidad, acompañada de prácticas corruptas con el aval y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes han marcado una página de gran dolor en la memoria de los habitantes de San José del Progreso.

A inicios de 2008 los pobladores se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes indignados por la actuación de la empresa y las autoridades municipales y agrarias, decidieron bloquear los trabajos en marzo de 2009 para exigir información sobre los impactos ambientales que se producirían en la región, así como los permisos proporcionados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó.

Subrayó que el bloqueo permaneció tres meses, hasta el 6 de mayo, cuando fueron brutalmente reprimidos por más de mil 800 policías federales y estatales. Se cometieron detenciones arbitrarias, lesiones y tortura contra hombres, mujeres y niños que reclamaban el derecho a la información, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a un medio ambiente sano y al agua.

A partir de entonces se iniciaron agresiones a la CPUVO de las autoridades municipales y por la asociación civil San José Defendiendo nuestros Derechos, afines de los intereses de la minera.

En 2012 hubo cuatro ataques de grupos armados, en los cuales fueron asesinados dos miembros del CPUVO: Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, así como heridos de gravedad otras ocho personas, aunque en este conflicto también fue asesinado el presidente municipal, Venancio Óscar Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, quienes otorgaron el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa minera en junio de 2010.

Según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, entre 2000 y 2012 la Dirección General de Regulación Minera otorgó 389 concesiones en 800 mil 447 hectáreas, principalmente a empresas canadienses, la mayoría durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.