En la política asistencial del gobierno mexicano persisten la discriminación, la desigualdad social, económica y de trato, afirmó el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio.

Advirtió que aun cuando es responsabilidad del Estado mexicano erradicar esas desigualdades, ésta se ha trasladado a la sociedad civil organizada.

La política asistencial en México ha tenido históricamente dos problemas: que no se ha garantizado y que hoy en día está en manos de la sociedad civil organizada.

Admitió que es absolutamente indispensable crear mecanismos de apoyo a la sociedad civil, que se tienen que mejorar y ampliar, pero es el Estado quien debe atender esas desigualdades.

En entrevista, destacó que dentro de las políticas asistenciales hay enormes huecos para ciertos grupos de población, particularmente para las niñas y niños que están en situación de desprotección, así como en los programas de transferencias financieras a los adultos mayores, los cuales no corresponden con la capacidad instalada de atención geriátrica.

Bucio hizo notar que los programas gubernamentales de apoyo a los adultos mayores no se han equiparado con el crecimiento de ese grupo poblacional.

La población adulta mayor crece a 3.6 por ciento al año; ningún otro grupo crece como éste y la transferencia (de recursos económicos), desgraciadamente, no ha ido a la par con lo que tiene que haber para garantizar la seguridad social, el empleo y también el derecho a la salud.

También, dijo, crece el número de niños y niñas en hogares residenciales alternativos, asunto que se ha dejado a las asociaciones civiles.

El titular de Conapred admitió que ese organismo no tiene la posibilidad de saber cuántas personas no tienen acceso a los bienes y servicios públicos por discriminación. Pero las mayores quejas que recibe ese organismo han sido contra la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

“Los dos grupos que presentan más quejas (contra esas instituciones) ante el consejo son las personas con discapacidad y la población no heterosexual; eso no quiere decir que sea el grupo de población más discriminado.

En realidad, observó, deberíamos recibir miles de quejas de indígenas en el país y prácticamente no hay. Hay muy pocas de migrantes indocumentados y tenemos elementos para decir que la discriminación de género, en particular, es el tipo de discriminación que está presente en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. No hay espacio en el país que esté libre de discriminación de género y que no tenga mecanismos de desventajas para las mujeres.