La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, que pretende cambiar el enfoque asistencialista de la política social, al obligar al gobierno federal a incluir programas de capacitación y formación en las comunidades como forma de superación de la pobreza.

En la sesión de ayer, el pleno avaló una iniciativa del Partido del Trabajo (PT) para transitar de un régimen paternalista, a uno donde los mexicanos que sufren condiciones de pobreza, puedan potenciar sus capacidades.

Desde la tribuna, el diputado José Arturo López Cándido (PT) refirió que la reforma reconoce que no sólo es suficiente la dádiva, sino que las personas pueden superar las condiciones de marginación si se les permite fortalecer sus habilidades y capacidades para enfrentar la vida.

La reforma incluye en la Ley General de Desarrollo Social el concepto de capacitación como parte de los derechos para el desarrollo social y la definición de que los programas sociales deben incrementar la productividad, que se refleja en una mejor calidad de vida de los beneficiarios.

Se incluye un apartado de deberes y logros de quienes reciban apoyos sociales, con objeto de que se definan “mecanismos para otorgar incentivos que estimulen las habilidades de los beneficiarios y mejoren sus condiciones de vida.

También se adiciona un artículo para establecer que “son derechos para el desarrollo social la educación, la capacitación, la salud, la alimentación, la alimentación, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación, en los términos de la Constitución.

El dictamen señala que parte central de la política nacional de desarrollo social será brindar capacitación y apoyo técnico, y fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios de los programas sociales, a través de incentivos que impulsen su desarrollo integral y ayuden a superar las situaciones económicas y socialmente adversas.

La reforma establece que la política de desarrollo social debe incluir, al menos, las siguientes vertientes: infraestructura social básica, fomento del sector social de la economía, capacitación y formación, y deberes y logros.

El pleno avaló que el gobierno federal, de los estados y municipios publiquen cada año sus programas operativos de desarrollo social, así como los criterios de selección de los beneficiarios, en un plazo máximo de 90 días después de la aprobación del presupuesto de egresos.

Asimismo, aprobó con cambios una minuta del Senado para incluir en la misma ley la obligación gubernamental para realizar campañas de planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir el embarazo en adolescentes.

La minuta consideraba la definición de control natal, que fue objetada por la Secretaría de Salud.

Como parte del dictamen, se incluyó la opinión de la directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Patricia Uribe Zúñiga, respecto de que la Secretaría de Salud no realiza campañas de control natal, es un término en desuso y que no considera el ejercicio de los derechos reproductivos, ya que de acuerdo con la Constitución la reproducción debe ser una elección informada para todas las personas.