Ante la nueva evidencia científica que permite afirmar que en México se puede detener la epidemia de sida, sólo falta el compromiso político del gobierno federal para sumarse a una nueva estrategia nacional que coloque por encima de consideraciones presupuestales el beneficio en cantidad y calidad de vida para el paciente, así como el impacto en salud pública que representa combinar atención oportuna y prevención.

Al presentar la Nueva Estrategia Nacional denominada Pacto para Detener el Sida en México, que será entregada al presidente Enrique Peña Nieto, académicos, investigadores y representantes de organizaciones sociales establecieron en 15 puntos que se requiere actualizar la normatividad y las guías nacionales, de acuerdo con la nueva evidencia científica; incrementar la cobertura del tratamiento antirretroviral e iniciarlos de manera temprana; aumentar la cobertura de detección de VIH e infecciones de transmisión sexual (ITF) en los servicios de salud y en el ámbito comunitario, entre otras.

Los organizadores, entre los que se encuentran Letra S, AHF México y  DvvIMSS, entre otros, reconocieron que si bien el costo del tratamiento juega un papel fundamental hay que entender que por encima de éste no hay inversión en salud más redituable que la destinada a prevención y atención de esta epidemia, por lo que proponen un esquema de compras consolidadas para reducir el costo de insumos para éste y otros padecimientos, tomando en cuenta que es aún mayor el costo de no dar un tratamiento o darlo de manera inadecuada, así como las consecuencias que tiene no sólo en la vida del paciente, sino en el potencial de transmisión por falta de control virológico.

En el acto, en el que estuvo presente la nueva directora del Centro Nacional para la prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), Patricia Uribe Zúñiga, los diversos ponentes destacaron la urgencia de implementar medidas tan básicas como la distribución de condones en los grupos de mayor riesgo como hombres que tienen sexo con hombres; mujeres trans; trabajadores y trabajadoras del sexo comercial; usuarios de drogas inyectables, y personas privadas de su libertad, grupos en los que la prevalencia oscila entre 0.6 por ciento y 21 por ciento.