San Luis Acatlán, Gro. 11 de febrero. El rechazo al proyecto de decreto del gobernador del estado, Ángel Aguirre, para convertir la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en auxiliar de la seguridad pública estatal, logró consenso entre las autoridades de este sistema de justicia indígena, los disidentes de la CRAC, simpatizantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) –que ocuparon la Casa de Justicia de la primera en esta ciudad– y la asamblea de las brigadas de autodefensa de la Upoeg en la Costa Chica.

En la asamblea del 9 de febrero de la CRAC-PC en Jolotichán, el llamado de los asistentes fue a estar pendientes de los debates y consultas que se lleven a cabo en torno al citado proyecto de decreto para combatirlo.

En la asamblea del 10 de febrero de la Upoeg en Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, la asamblea de las brigadas de autodefensa de la organización, consultadas sobre si están de acuerdo en la propuesta de que la policía comunitaria sea auxiliar de la Preventiva, respondió con un no unánime.

En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán (Cjsla), ocupada por upoegistas y disidentes de la CRAC-PC, ahora designados por esa fracción como coordinadora provisional, Jesús Reyes Bonifacio y otros tres consejeros señalaron enfáticamente que ya se informó al gobernador del desacuerdo con ese proyecto, pues representaría un retroceso. Incluso frente al reconocimiento que la ley estatal 701 hace de la CRAC-PC como autoridad. Nosotros queremos nuestra jurisprudencia, señalaron.

Dicho proyecto de decreto, en su artículo nueve, pretende prohibir a la PC y a las comunidades realizar detenciones fuera de los casos de flagrancia o cumplimiento de mandatos por escrito de autoridades ministeriales; emitir órdenes de detención o aprehensión; realizar cateos u otras diligencias fuera de los casos de auxilio a autoridades competentes, e impedir el libre tránsito de personas en caminos y vías públicas.

Asimismo, procesar o enjuiciar a las personas que hayan sido detenidas por la probable comisión de un delito; imponer sanciones por la posible comisión de delitos o faltas, y aplicar medidas, métodos o procesos de reinserción social o reducación por faltas que vayan más allá de los bandos de policía y buen gobierno.

Justamente con esas medidas, que ahora se pretende prohibir, la CRAC-PC ha logrado en 17 años disminuir en más de 90 por ciento la delincuencia en los 17 municipios de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, sobre los que tiene jurisdicción por voluntad de pueblos y comunidades.

Por otra parte, Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores regionales de la CRAC-PC, advirtió que la toma de las instalaciones de la Cjsla pone en crisis todo el sistema de justicia comunitario.

“Los upogeístas, quienes ahora dicen que no son de la Upoeg, violaron las puertas; abrieron la oficina del comité ejecutivo de la comunitaria; la oficina donde están los expedientes de 17 años de trabajo; violentaron la puerta de la radiodifusora y empezaron a operarla, y ahí hay documentos y armas. La situación es difícil para el sistema comunitario. Hay gente armada. Nos reclaman los compañeros que por qué no hemos reaccionado.

Entiendo que necesitan de la CRAC para enjuiciar a los detenidos por la autodefensa en Ayutla por narcotráfico para cobijarse, porque tenemos legitimidad y para conseguir espacios, como la delegación de la Comisión de Derechos Indígenas (CDI) o una diputación federal, sobre todo Bruno Plácido Valerio, añadió.

Informó que 18 de 27 comisarios de la CRAC-PC en San Luis Acatlán acordaron realizar el 16 de febrero una reunión de comisarios y comisariados, para que si hay pruebas contra las autoridades cuestionadas las presenten los disidentes.

Añadió que sigue en pie la convocatoria al Encuentro estatal por la defensa de la seguridad y la justicia de los pueblos, a realizarse el 17 de febrero en esta ciudad.