En el foro La política energética para el desarrollo soberano de México, convocado por el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, los especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro Nacional de Estudios Estratégicos y del Colegio Nacional de Economistas, consideraron que ‘‘el presidente Enrique Peña Nieto y los coordinadores del Partido revolucionario Institucional (PRI) en ambas cámaras mienten ante la opinión pública cuando dicen que no se busca privatizar a Petróleos Mexicanos (Pemex)’’.

Dijeron que ‘‘los compromisos del Pacto por México, del 54 al 60, pretenden privatizar a Pemex, buscan que deje de ser organismo descentralizado y se convierta en empresa pública; quieren que deje de ser una empresa del sector estratégico para que pase a ser organismo prioritario y con ello permitir que inversionistas extranjeros y nacionales participen en la explotación y exploración del petróleo’’.

Alberto Montoya, del Centro Nacional de Estudios Estratégicos, aseveró que el gobierno y los funcionarios ‘‘utilizan falacias y manipulan la opinión pública para privatizar a Pemex. El Pacto por México en realidad es un beneficio para las corporaciones petroleras de Estados Unidos, y debe ser rechazado porque es anticonstitucional, contrario a los intereses del pueblo, es privatizador y profundiza la dependencia económica, política y geoestratégica de la nación’’.

Advirtió que el artículo 28 de la Constitución dice en su cuarto párrafo que ‘‘el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privados de acuerdo con la ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo’’.

El investigador acusó que el compromiso 54 de dicho pacto tiene el propósito de que Pemex deje de ser organismo descentralizado y se convierta en empresa pública. El artículo tercero de la ley de la paraestatal subraya que es organismo descentralizado. Aunque pertenece a las áreas estratégicas, la quieren ubicar como prioritaria y proponen que la renta petrolera sea compartida con inversionistas privados, nacionales y extranjeros.

‘‘Del compromiso 55 al 60, lo que buscan es la privatización, es muy claro, porque en español quiere decir privatización’’. Hay, sostuvo, la intención política de entregar la renta petrolera al usufructo privado.

Por su parte, Gonzalo Núñez, del Colegio Nacional de Economistas, subrayó que del año 2000 a 2012 se exportaron 7 mil millones de barriles de petróleo crudo, lo que equivale a la mitad de la reserva aprobada actual, que ya se redujo en 30 por ciento, y los ingresos obtenidos fueron de un billón 48 mil millones de dólares, de los cuales se destinaron 458 mil millones a la operación de la paraestatal, y de ellos, 176 mil millones, 38 por ciento, se pagó a empresas extranjeras. ‘‘Ahí hay filtración de la renta petrolera a empresas del exterior, sin que se haya hecho la reforma’’, dijo.

A su vez, Heberto Barrios, del Comité Nacional de Estudios de Energía, dijo que se ha utilizado como una amenaza abierta a la población el incremento de los precios de los combustibles, ‘‘pues se plantea que sólo con inversión privada y extranjera el costo de los energéticos se puede reducir, y eso es una falacia’’.

Rocío Vargas, investigadora de la UNAM, dijo: ‘‘Somos parte del proyecto de independencia energética de Estados Unidos. Estamos ahí porque a ese país le urge contar con el petróleo que no tiene para su consumo, ya que produce 10 millones de barriles diarios y su consumo es de 19 millones de barriles’’.

Finalmente, el ingeniero Javier Jiménez Espriú presentó criterios y propuestas para una política energética de Estado. Planteó 15 puntos, entre ellos, el establecimiento de un sistema de planeación energética nacional; la explotación racional de los hidrocarburos; incremento en Pemex de la capacidad de producción nacional de combustibles (refinación) de petrolíferos y petroquímicos; dar autonomía técnica y de gestión a la paraestatal y a Comisión Federal de Electricidad, y adecuar el sistema eléctrico nacional con base en criterios ambientales.