ste 16 de febrero se cumplen 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN. En ellos el gobierno federal dio respuesta a una parte de las demandas enarboladas por los zapatistas, las relacionadas con los derechos y la cultura indígenas. Allí se plasmaron los resultados de la primera mesa de trabajo de cinco programadas entre las dos partes para resolver las causas que propiciaron la insurrección de enero de 1994. A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno federal sigue sin cumplir los acuerdos.
El proceso de negociacion de la Mesa I duró poco más de cuatro meses. Siguió a cinco meses de pláticas entre el EZLN y el gobierno federal para definir los procedimientos y los contenidos del diálogo. San Andrés fue importante no sólo por sus resultados, sino también por la manera sin precedente en que participó la sociedad civil en el proceso de paz. Las negociaciones lograron involucrar amplias franjas de la sociedad y poner la cuestión indígena en el centro de la agenda nacional.
En lugar de negociar su proyecto particular, los zapatistas convocaron a participar en la negociación como asesores e invitados a una amplia gama de dirigentes indígenas, académicos e intelectuales, con arraigo y conocimiento en el tema. Sus puntos de vista distaban mucho de ser homogéneos. La diversidad de sus planteamientos fue la tónica de los debates. Pese a ello, fue posible llegar a consensos.
Los acuerdos de San Andrés se firmaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en un reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, el presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas.
Como hizo ahora Enrique Peña Nieto con la firma del Pacto por México, Ernesto Zedillo trató de paliar la crisis promoviendo la firma de un acuerdo político nacional con los cuatro partidos políticos con registro: PRI, PAN, PRD y PT. Sin embargo, el proyecto abortó ante el incumplimiento gubernamental de limpiar los comicios de Tabasco, y como resultado del fracaso de la ofensiva militar ordenada contra el zapatismo el 9 de febrero de 1995.
La firma de los acuerdos de San Andrés por el gobierno federal no fue un hecho ajeno a esta situación de malestar social generalizado en el país. Con ellos, el gobierno buscó desactivar el descontento y ganar tiempo para realizar una maniobra política de mayor aliento: la negociación de una reforma electoral.
Efectivamente, de manera paralela al diálogo con el EZLN y sus aliados, la administración de Zedillo impulsó con los partidos un pacto que dio a luz una nueva reforma política definitiva
. Esa negociación fue bautizada en su momento como los acuerdos de Barcelona, porque las pláticas para fraguarla se efectuaron en las oficinas del subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, ubicadas en la calle de Barcelona en la ciudad de México.
La nueva reforma política consistió –básicamente– en la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE), la creación del Tribunal Federal Electoral, poner límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, ampliar la pluralidad en la composición del Senado, establecer la afiliación individual a los partidos, crear un nuevo sistema de financiamiento de los partidos, y dar el carácter de diputados a los integrantes de la Asamblea Legislativa del DF.
La nueva reforma política propició un reparto real del poder entre los tres principales partidos. Ellos participaron en la integración del IFE y del Tribunal Federal Electoral.
El nombramiento de los consejeros ciudadanos se efectuó fuera del Legislativo y con la condición de que las pláticas fueran secretas. El PRI propuso a José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. Por el PAN fueron promovidos Alonso Lujambio, Juan Molinar y José Barragán. Y por el PRD fueron seleccionados Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Jesús Cantú.
Como ha señalado Miguel Ángel Romero, gracias a esa reforma política Zedillo construyó una parte de sus mecanismos de poder transexenal. Y, como ha dicho Rosalbina Garavito, se adoptó un rasgo de modernidad política sin cambiar la esencia del régimen autoritario.
En las elecciones federales esa redistribución del poder dio frutos para los partidos de oposición. En 1997 ningún partido tuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, y el PRD ganó el gobierno de las ciudad de México, electo por primera ocasión en décadas. Y en 2000, en las elecciones presidenciales triunfó Vicente Fox.
Sin embargo, esta negociación reforzó el monopolio partidario de la representación política, dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos, y conservó, prácticamente intacto, el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.
En esas circunstancias, el gobierno federal hizo abortar los acuerdos de San Andrés. Incumplió su compromiso de promover una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, y no hizo una sola oferta sustantiva en la Mesa de Democracia y Justicia. Al tiempo, siguió con su política de paramilitarizar el conflicto, provocando la masacre de Acteal, y atacó violentamente varios municipios autónomos.
Desde entonces han proliferado los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de la política institucional. Los acuerdos de Barcelona los echaron de la mesa de negociación.
A 17 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, mediante el Pacto por México, el gobierno federal y la clase política buscan recetar la misma medicina que en 1996. Falta ver si el México de abajo aguanta.
