Los Ángeles, 11 de febrero. De continuar la actual política migratoria, en cinco años unos 15 mil niños nacidos en Estados Unidos serán separados de sus padres indocumentados, señalaron las representantes demócratas Karen Bass y Lucille Royball Allard en un artículo que publicó hoy el diario Los Angeles Times. Precisaron que al menos cinco mil niños nacidos en este país viven en centros de crianza del gobierno, después de que fueron separados de sus padres.

La Patrulla Fronteriza reportó a su vez que el número de inmigrantes mexicanos que cruzan la frontera de manera ilegal a Estados Unidos tiende a la baja, mientras aumenta el de personas que provienen de otras regiones. Entre los años fiscales de 2000 y 2012, el número de mexicanos detenidos en la frontera se redujo de alrededor de un millón 700 mil a sólo 265; en cambio, en el mismo periodo el número de migrantes procedentes de otros países se triplicó para alcanzar unos 99 mil, aunque tuvo un pico de 165 mil en 2005.

De acuerdo con el informe del Centro de Investigación Aplicada de familias destrozadas, al menos cinco mil hijos de inmigrantes viven en Estados Unidos al cuidado de centros del gobierno, porque sus padres fueron detenidos o deportados.

Los huérfanos de Obama

Los inconformes se describen como huérfanos del presidente Barack Obama, describió el artículo firmado por las representantes demócratas Bass y Royball Allard, quienes promueven una ley de ayuda a familias separadas.

Advirtieron que este asunto deberá ser subsanado en la próxima reforma migratoria. De no hacerlo se habrá descuidado uno de los problemas más desgarradores del fracturado sistema migratorio actual.

Tras las detenciones de inmigración, los agentes no permiten a los padres hacer los arreglos necesarios para el cuidado de sus hijos.

Los niños regresan de la escuela y sus padres simplemente ya no están. Cuando un menor ingresa al sistema de hogares de crianza, los padres detenidos suelen tener poca participación en el cuidado de sus hijos.

Cuando los padres detenidos son liberados y se les permite permanecer en Estados Unidos, existen obstáculos para el proceso de reunificación.

Una vez que los padres son deportados, los desafíos para reunirse con sus hijos en Estados Unidos son aún mayores. En la mayoría de los casos, los pequeños se reúnen con sus padres deportados sólo si los consulados extranjeros son capaces de participar y abogar por los padres.

En el caso de la migración de los ciudadanos cubanos, la política es diferente. La Ley de Ajuste Cubano (1961), herramienta de la guerra fría aún vigente, otorga residencia a los originarios de la isla después de un año de estancia en territorio estadunidense, sin importar cómo llegaron, incluso por vía ilegal.

El pasado 14 de enero entró en vigor en Cuba una reforma que derribó gran parte de la muralla burocrática a la que se enfrentaron los cubanos durante décadas para salir de su país, facilita el trabajo en el exterior y la repatriación, reconoce el derecho a radicar en otra parte sin perder propiedades y, sobre todo, tiende un puente entre la isla y su diáspora al reducir la carga política del fenómeno.

Incluso los tradicionales defensores de la ley de ajuste que pertenecen a la gran comunidad cubana que vive en Estados Unidos, sobre todo en Florida, dicen que es extemporánea y que debería ser modificada.

En todo caso, analistas descartan que la polémica y anacrónica ley pueda ser eliminada, aunque vaticinan que podría ser modificada para limitar la elegibilidad a verdaderas víctimas de persecución política, indicó la agencia Reuters.

Las reforma podría marcar el final de la polémica política de pies mojados, pies secos, acuñada tras la crisis de los balseros en 1994, que permite entrar a Estados Unidos a los cubanos indocumentados que pisan su territorio.

Se calcula que unos 327 mil cubanos llegaron a Estados Unidos en la última década, más que en cualquier década previa desde la revolución cubana en 1959, dijo Philip Peters, experto en Cuba del Instituto Lexington, centro de estudios en Virginia.