éase este enredo: tres semanas antes de concluir el anterior gobierno panista, el secretario de Educación del momento (como se recordará, ocho meses antes el ex secretario de Salud y fallido aspirante a la gubernatura de Guanajuato había sido improvisado para tal cargo) emitió el acuerdo 656, por medio del cual modificó lo dispuesto en el acuerdo 486 emitido por su antecesor, el cual modificaba los acuerdos 442, 444 y 447 (emitidos por su antecesora), todos ellos referentes a la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(la RIEMS) y a la pretensión de constituir un Sistema Nacional de Bachillerato
. Estas modificaciones también afectan en mayor o menor medida lo dispuesto en los acuerdos 445, 449, 450, 478, 479, 480, 484 y 488 de la propia SEP relativos a la misma RIEMS.
Esta es una muestra de la irresponsabilidad que ha caracterizado a la SEP y al gobierno federal en su conjunto. Las sucesivas modificaciones a los acuerdos previos no fueron menores y, lo más grave, no se hicieron por propia voluntad de los responsables, sino como resultado de la constante y sólida presión de ciudadanos organizados que vieron con claridad y horror las barbaridades de los acuerdos iniciales (principalmente los filósofos liderados por el doctor Gabriel Vargas). Todos estos virajes ocasionaron daños y costos invaluables. Maestros y estudiantes, instituciones completas, han estado sometidos a una gran incertidumbre y a cambios inesperados.
A través de esos acuerdos se impuso la moda de las competencias
, las cuales se determinaron para estudiantes, profesores y directivos; sin embargo, nada se ha dicho acerca de las competencias
que deberían tener los altos funcionarios de la SEP –subsecretarios y secretario incluidos (más bien, en primer lugar)– para evitar esas costosas barbaridades. Ahora estamos frente a una barbaridad aún mayor, si esto es posible: la indebidamente llamada reforma educativa
de Peña Nieto, que ni es reforma educativa ni es de Peña Nieto; es la sujeción de los maestros a un régimen laboral de excepción, dictada por la OCDE, Televisa y su membrete Mexicanos Primero.
Cuando se inició la RIEMS se hizo alarde de que era resultado de un consenso. Sin embargo, los cambios a todos esos acuerdos
, forzadamente incorporados en corto tiempo, hacen evidente que en ese consenso no participaron quienes deberían haber participado. Baste recordar que la SEP ignoró la crítica hecha por el Consejo Universitario de la UNAM, y que esta indispensable institución rechaza incorporar en sus bachilleratos (que atienden a más de 100 mil jóvenes) las disposiciones de la RIEMS.
Ahora también se presume que la reforma educativa
es producto de un consenso
porque es parte de los acuerdos que integran el Pacto por México
, firmado por Peña Nieto y los presidentes de los tres partidos políticos mayoritarios. No son estos señores quienes tienen la responsabilidad cotidiana de contribuir a la educación de niños y jóvenes en las aulas mexicanas y por tanto las reformas legales aprobadas fast track con su anuencia no se sustentan en el consenso
necesario para mejorar la educación. Como ocurría en el salinato, quienes hoy gobiernan este país ni ven ni oyen a quienes no coinciden con ellos ni son socios de sus negocios.
La mal llamada reforma educativa
ha ignorado a los maestros, el resultado está a la vista: decenas de miles de ellos participan ya en actividades orientadas a lograr que se dé marcha atrás. A mediados del pasado mes de diciembre, 322 delegados de todo el país se reunieron en el 11 congreso nacional ordinario de la CNTE, en el cual expresaron su rechazo total a las reformas a la Constitución. Hace dos días, miles de maestros provenientes de varios estados marcharon de la Plaza de la Constitución a la Cámara de Diputados y anunciaron que 200 mil iniciarán el proceso para ampararse en contra de la nueva legislación. Plantean, con razón, que lo hecho nada tiene de reforma educativa; consiste, simplemente, en incorporar en el artículo tercero una condición laboral especial para los maestros, condición que rompe con la contratación colectiva y crea las bases para expulsar, despedir de la educación, a los maestros que no concuerden con las disposiciones del gobierno, aun cuando éstas sean aberrantes. Así de grave es el asunto.
El secretario de Educación ya ha advertido que quienes no obedezcan serán sancionados. Hay un antecedente grave y ominoso: los maestros de Puebla despedidos por no aplicar la prueba Enlace y la llamada Evaluación Universal
. Es necesario recordar que aun las propias autoridades de la SEP reconocieron que estas pruebas eran perfectibles
, eufemismo para salvar la cara ante las demoledoras críticas que recibieron incluso de parte de especialistas en educación que han sido colaboradores del gobierno. Por ejemplo, el doctor Felipe Martínez Rizo, director del INEE designado por Felipe Calderón, hizo reiteradas advertencias acerca de los usos indebidos de esta prueba y sus efectos negativos en la educación. También el doctor Felipe Tirado, miembro del Consejo Técnico del INEE, calificó a la prueba Enlace como limitada, improvisada y de baja confiabilidad. En una docena de artículos en este espacio he dado cuenta de las fundadas críticas que especialistas de muchos países han hecho a las pruebas estandarizadas como Enlace.
Los maestros despedidos, así como otros miles que a lo largo y ancho del país se rehusaron a aplicar esas pruebas, tuvieron razón, fueron congruentes y valientes al oponerse a pruebas que son perniciosas para la educación, y por lo tanto su despido es injustificado y una vergüenza más para la SEP y para la dirección del SNTE, que no ha movido un dedo para defenderlos. Qué duda cabe, pues, que la dirección del SNTE opera como una palanca más del gobierno para someter a los maestros.
