a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del miércoles 30 de enero de 2013, con la que revocó el amparo que protegía los derechos de 16 mil 599 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), deja un mal augurio para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, porque significa que en nuestro país se pueden violar las garantías laborales y humanas cuando un sindicato, con base en la ley, se opone a decisiones políticas que lo perjudican y que suponen graves repercusiones no sólo contra sus afiliados, sino contra el estado de derecho que debe amparar las relaciones contractuales de todos los trabajadores.
Esto, además de otras consideraciones, deja ver que en México el derecho es muy precario, sobre todo porque esa decisión fue tomada nada menos que por el máximo tribunal de justicia del país, el cual tiene por principal obligación que se cumpla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y vale lo mismo en lo tocante a los derechos laborales colectivos e individuales de los trabajadores, que ella misma aplaudió cuando fueron elevados al rango de derechos humanos, calificación que está vigente en nuestra ley máxima desde el mes de junio de 2011. La SCJN es la que, primero que ninguna otra instancia jurídica, debía ser muy celosa en el cumplimiento de los derechos humanos, precepto constitucional del más claro y avanzado carácter universal.
Esa decisión deja el mal precedente de que en México ni siquiera la Suprema Corte de Justicia es capaz de garantizar la vigencia y el equilibrio en la aplicación del estado de derecho, por argumentaciones técnicas que no tienen nada que ver ni con la justicia ni con la legalidad.
Implica que en nuestro sistema jurídico no rige el cumplimiento de la ley para los empleadores y los ricos, incluido el gobierno, lo cual se proyecta sobre la sociedad entera, al atropellarse la legalidad y donde la impunidad se ha convertido en obstáculo casi infranqueable en el camino de aplicar ley y justicia, las cuales siempre deberían abordarse de buena fe.
Significa que en nuestro país, a una decisión caprichosa de un gobernante negligente como fue Felipe Calderón, y su nefasto secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se les puede permitir que más de 44 mil trabajadores perdieran su empleo y que este hecho, en vez de ser castigado, sea avalado por el máximo tribunal de justicia.
La posición asumida por la SCJN tiene la grave y peligrosa trascendencia que confirma, ahora en el escenario electricista, la impunidad para actos irresponsables de un gobierno panista, que al igual que el anterior de Vicente Fox, se lanzó a negar el respeto que les debía a los trabajadores y a sus organizaciones autónomas y democráticas, como la de los propios electricistas, los pilotos, los maestros, los campesinos y la de los mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, los cuales enfrentan desde hace casi 7 años una persecución política infame, despiadada y demencial de parte del poder público y de algunas empresas carentes de toda conciencia de solidaridad social, como el Grupo México de Germán Larrea.
Persecución política que se evidenció desde el 19 de febrero de 2006 cuando ocurrió el homicidio industrial en la mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila, donde en vez de investigar y castigar a Grupo México, que fue la empresa responsable de la tragedia en que perdieron la vida 65 trabajadores, ésta y el gobierno de Vicente Fox se lanzaron a la atroz persecución política contra el sindicato minero y sus dirigentes, con acusaciones falsas que a estas fechas han sido desechadas jurídicamente por todos los jueces y tribunales que han tenido que ver en el asunto, por haberlas calificado certeramente como inconstitucionales.
Parece ser que los actuales dirigentes del PRI quizá no se dan cuenta de que no pueden ya seguir en la línea de los gobiernos panistas, de enemistad y agresividad aguda contra el sindicalismo auténtico de México. Quizá no se percaten de que el partido perdió imagen en los 12 años que estuvieron fuera del poder, ni de que ya no tienen la fuerza y la unidad que tenían hace dos o tres décadas, lo cual los debía obligar a reaccionar políticamente para corregir tanto sus errores previos como los de sus alternantes y sucesores panistas. Ahí está el caso de Pasta de Conchos donde ni siquiera, hasta ahora, se han propuesto investigar con objetividad lo que allí ocurrió en febrero de 2006, para aplicar la ley y devolver al gremio minero trabajador la dignidad y el respeto pisoteados por un empresario que actúa más como encomendero de la época colonial, que como capitán de una empresa moderna.
Está bien que el gobierno actual en pleno, a diferencia de sus antecesores, se haya presentado el jueves 31 de enero en el lugar de la tragedia de la Torre B-2 de Pemex para mostrar su respeto y solidaridad a los trabajadores fallecidos y heridos, así como a sus familiares. Pero sigue estando pendiente que se resuelva la tragedia de Pasta de Conchos, se lleve alivio y se haga justicia a las viudas e hijos que perdieron a algún miembro de su familia en ese homicidio industrial. Atender esta demanda sería un dato certero de que no va a continuar la misma línea antisindical y antiobrera de los panistas, que sembraron la inseguridad en este sector tan importante para la economía y el desarrollo industrial de México.
Lo más grave del asunto en el caso del SME es que la decisión de la Suprema Corte no solamente deteriora más la imagen de México en el mundo, sino que indica que no se está en la línea de proteger los intereses básicos de los trabajadores o de un sindicato en específico, y que la tendencia es herir a otros organismos y sectores sociales que manifiesten su inconformidad contra decisiones políticas que lesionan sus legítimos derechos. Tal parece que necesitamos a otra corte superior que vigile y corrija los pasos de la Suprema Corte de Justicia para que se aplique la ley de buena fe y se haga realidad correctamente la justicia, como lo indica el más limpio sentido jurídico.
