La Cruzada Nacional contra el Hambre es un programa unilateral, elaborado a la carrera, que atenderá a sólo una cuarta parte de los mexicanos en extrema pobreza, es decir, a 7.4 millones de personas de un total de 28 millones en esa condición, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.

En rueda de prensa, destacó que cada beneficiario de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza recibirá 3 mil pesos al mes, sin que ello signifique el aliento al empleo productivo, un salario remunerador, la producción de alimentos por parte de pequeños y medianos productores rurales, ni otras medidas económicas necesarias para modificar los beneficios que se otorgan a monopolios, desde productores de huevo, carne y leche, hasta tiendas de autoservicio trasnacionales como Walmart, Chedraui y otras, en perjuicio de los pequeños y medianos distribuidores.

Asimismo, 50 por ciento de los 289 mil millones de pesos destinados a la cruzada, irán a las urbes donde creció la pobreza, y es que la migración campo-ciudad no abatió ese flagelo histórico porque persiste el modelo económico.

Alejandro Castillo y Uriel Vargas, integrantes de El Barzón, explicaron que el deterioro de las condiciones de vida de la población obedeció a los altos precios de los alimentos y el aumento del desempleo; a la destrucción de la planta productiva en el sector agropecuario; al control oligopólico de sectores estratégicos que han impactado el poder adquisitivo de los consumidores; al efecto acumulado del uso de divisas para importar bienes, lo que desplazó a empresas y trabajadores, y otros factores.

Ante ello, propusieron modificar la estrategia oficial contra la pobreza y crear un consejo nacional contra el hambre y seguridad alimentaria que incluya a los sectores sociales y productivos del país.

También, sugieren incrementar la producción y productividad del campo con subsidios y financiamiento preferente a pequeñas y medianas unidades productivas, e incentivar la producción en las 32 millones de hectáreas abiertas al cultivo. Es necesario subrayar que las unidades de menos de 10 hectáreas generan 74.1 por ciento del empleo rural, mientras que las unidades con más de 100 hectáreas apenas emplean a 4.5 por ciento del empleo rural.

Sanciones antimonopolios

Se pronunciaron también por fusionar Liconsa y Diconsa, y crear una sola empresa de compra y distribución de alimentos, con el fin de que se ayude a regular los precios al consumidor. El Estado, indicó Ramírez, puede adquirir alimentos de los pequeños y medianos productores para distribuir a los locales del DIF en el país, el ejército, las polícias, el sistema escolar, estimular ventas comunitarias y otros programas.

Otra política pública debe centrarse, indicó, en aplicar sanciones antimonopólicas y castigar los delitos contra la economía popular, además de fiscalizar los recursos de combate a la pobreza. Para ello, indicó, es necesario crear un consejo social de fiscalización de los recursos públicos destinados a la política social y productiva. Dicho consejo podría estar integrado por representantes de instituciones académicas y de organismos sociales.