La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 93 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno durante 2012. Las instancias de gobierno que no aceptaron las observaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de Sonora, los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí, y el ayuntamiento de El Salto, en Jalisco.

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH expuso ante el Congreso Federal que Secretaría de Seguridad Pública Federal se negó de forma recurrente a aceptar y cumplir las recomendaciones del organismo nacional.

“En el periodo que se informa, dicha Secretaría no aceptó una recomendación referente a la detención arbitraria de dos personas, desaparición forzada y privación de la vida de una de ellas en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

“Asimismo, no ofreció evidencias suficientes que permitieran observar acciones orientadas al cumplimiento total de la recomendación emitida por violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional al artículo 102, solicité al Senado de la República citara a comparecer al secretario de Seguridad Pública para que explicara puntualmente los motivos de su negativa.”

Resolvió 4 mil 781 asuntos

El contenido del documento leído por el funcionario, señala que es preciso regular en la ley secundaria como un moderno mecanismo de rendición de cuentas que propicie una mayor observancia de los derechos humanos, pero que también que deje muy en claro, de cara a la sociedad, cuál es el compromiso que tienen los servidores públicos de observar la Constitución y particularmente de respetar los derechos humanos.

El informe que el ombudsman presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también refiere que en 2012 se resolvieron 4 mil 781 asuntos en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación.

También en ese año, la comisión implementó diversas acciones encaminadas a promover el conocimiento de los derechos humanos en las diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia un contacto más cercano con cada persona y con cada grupo social, y cómo fortalecer a las instituciones públicas del Estado mexicano.

El informe denuncia que el delito de criminalizar a los migrantes es práctica insostenible, pero aún más, es grave en México.

La condición de migrante no limita el debido respeto a sus derechos humanos, por ello las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a protegerlos y hacerlos valer, sin importar razones de género, edad, lugar de origen, nacional o condición migratoria.

Por ello, en esta materia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 62 mil 403 personas y se llevaron a cabo 7 mil 59 gestiones con las autoridades y se realizaron más de mil 300 actividades de promoción, capacitación y enseñanza.

Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica, que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas, se ha expandido. A lo largo del año que se informa se organizaron más de 200 acciones de capacitación con las que se benefició a 21 mil 936 personas y se distribuyeron 32 mil 802 materiales informativos vinculados con este tema.