De enero a noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) calificó mil 146 quejas de presuntamente violatorias de los derechos al debido proceso y a la libertad y seguridad personales. Los expedientes detallan agravios que van desde la violación a la presunción de inocencia, detenciones arbitrarias, dilación en la presentación del inculpado ante la autoridad correspondiente, hasta la divulgación a los medios de comunicación de datos personales y confidenciales del acusado.

En un informe elaborado por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos (CIADH), instancia creada por el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, se indica que de las mil 146 quejas, 699 corresponden al derecho al debido proceso y garantías judiciales, y el resto, 447, al derecho a la libertad y seguridad personales.

La instancia del gobierno de la ciudad con mayor número de señalamientos es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con 833 menciones, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 310, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con 187.

En cuarto lugar se encuentra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con 118 menciones.

El informe refiere mil 484 menciones por tipo de violación. En una queja se pueden señalar a una o más autoridades como probables responsables.

Respecto del derecho al debido proceso se encuentran, entre otros, 41 casos de violación a la presunción de inocencia, 22 coacciones para que el detenido se inculpara y 117 ocasiones en las que se negó, restringió u obstaculizó el derecho del presunto responsable a ser asistido por un defensor de oficio. En 13 casos las autoridades no informaron al detenido de los cargos en su contra y en 10 ocasiones no se respetó la garantía con que cuentan todos los integrantes de comunidades indígenas a ser asistidos por un intérprete.

Sobre el derecho a la libertad y seguridad personales se enlistan 335 detenciones arbitrarias y 85 ilegales. En 41 casos se dilató la presentación del presunto responsable ante la autoridad correspondiente (MP o juzgado), y en 19 se incomunicó al detenido.