Buenos Aires, 28 de enero. Dos entidades judías de Argentina consideraron una declinación de nuestra soberanía el acuerdo logrado ayer con Irán para resolver una situación sin salida como es el juicio sobre el cruento atentado contra la mutual AMIA perpetrado en julio de 1994, que dejó 85 muertos, unos 300 heridos y numerosos daños.

Estados Unidos e Israel han insistido a lo largo de los años en acusar a Irán de este hecho.

La poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) emitieron un comunicado en el que, además, señalan que se trata de un retroceso en la investigación judicial sobre el atentado, y estimaron que la conformación de una comisión de la verdad no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal.

Después de 19 años de denuncias, juicios irregulares, evidencias de utilización de dinero para forzar acusaciones y otras, el domingo finalmente se logró en Etiopía la firma de un memorando entre el canciller argentino Héctor Timerman y su par iraní Alí Akbar Salehi, que posibilita que los jueces argentinos puedan tomar declaraciones en Teherán a los altos funcionarios iraníes, entre ellos un ex presidente y varios diplomáticos acusados en este caso sin pruebas contundentes.

También la formación de una comisión de la verdad es un evidente intento del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por no dejar dudas sobre lo que surja de una investigación, a salvo de injerencias externas.

Los presidentes de la AMIA y de la DAIA, Guillermo Borger y Julio Schlosser, consideraron que esta comisión no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de Interpol, no son la verdad.

Sin embargo, la justicia argentina se ha enfrentado a grandes escándalos en este caso, como el hecho de que se llegó a solicitar la captura de un ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, detenido en Gran Bretaña el 21 de agosto de 2003 en consideración a la presentación de unos seis mil folios de la justicia argentina.

Pero esta demanda fue rechazada por los tribunales ingleses y el 12 de septiembre se dejó en libertad al diplomático por falta de pruebas concretas y se debió pagar una fuerte cantidad de libras esterlinas por su detención indebida.

Las dudas han estado a lo largo de estos 19 años, mientras las familias de las víctimas esperan la verdad y la justicia.

El vocero de la cancillería israelí, Yigal Palmor, manifestó que se había advertido al gobierno argentino que los iraníes podían intentar sacar provecho de la negociación.

Por su parte, Sergio Burnstein, presidente de la asociación de familiares y amigos de las víctimas del atentado, sostuvo que el acuerdo que el gobierno firmó con Irán “es importante (…). Con esto vamos para adelante porque la investigación estaba trabada”, dijo.