La iniciativa de reforma que el ex presidente Felipe Calderón presentó al Congreso dos días antes de dejar el poder, que permite avanzar a la privatización del ejido no debe aprobarse, porque perjudicaría seriamente al campo, consideró el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín.

Dijo confiar en que el Senado rechace ese proyecto de modificación a la Ley Agraria, porque lo que el campo requiere es certeza y orden, no cambios legales que permiten de forma inmediata, sin ningún trámite, la titulación de parcelas ejidales como propiedad privada.

La iniciativa que Calderón remitió al Senado el pasado 28 de noviembre propone modificar 24 artículos de la Ley Agraria para llegar con celeridad a la titulación de tierras ejidales, con el argumento de que se requiere avanzar de forma expedita a la titulación de ejidos que pasaron al régimen de propiedad privada.

Entrevistado en el contexto de la reunión plenaria de los senadores del PRI, que ayer concluyó en Bahía de Banderas, Nayarit, el titular de la Sedatu rechazó que los cambios que se hicieron a la dependencia a su cargo –antes denominada de la Reforma Agraria– vayan encaminados a la privatización del ejido.

Por el contrario, lo que buscamos es defender la propiedad social, garantizar que la tierra tenga su valor real y que el ordenamiento urbano no sea sobre la tierra de los ejidatarios y sus derechos, aseguró.

Asimismo, insistió en que “no existe una sola señal, un solo dato duro que demostrara que la secretaría quiere privatizar el campo. Al contrario –dijo–, hemos incentivado los trabajos de legalización para que cada quien tenga efectivamente la certeza de su propiedad; hemos disminuido el número de trámites y estamos haciendo más rápidos los procesos de concertación agraria para que los 440 conflictos existentes en el sector se resuelvan a la brevedad”.

Explicó que se está reforzando el equipo jurídico de la dependencia para defender con mucho más éxito la propiedad social. Ponemos mucho énfasis en la selección de personal del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria para que, efectivamente, nuestro personal represente intereses de los ejidatarios, no privados. Queremos romper la tensión que hay entre lo urbano y lo rural, que desafortunadamente siempre se ha decantado en favor de lo urbano.

Ramírez Marín explicó que hay 56 zonas metropolitanas que han crecido –y eso es literal– sobre mil 360 y tantos ejidos. Es decir –explicó–, de los casi 30 mil ejidos en el país, la presión ha estado sobre estos mil 300, cuyas tierras fueron adquiriendo valor.

Sin embargo –señaló–, la mayor parte de los ejidatarios son pobres, a pesar de que en sus tierras se hayan construido fraccionamientos de gran valor. Por ello, la Sedatu debe garantizar que la tierra tenga su valor real y que el ordenamiento urbano no sea sobre la propiedad de los ejidatarios y sobre sus derechos.

Recalcó que no ve en esto señal alguna de que la dependencia a su cargo se convierta en un instrumento de privatización. No tiene ningún instrumento legal para hacerlo. Mantiene todas sus funciones anteriores y las incrementa, al tener también las de desarrollo rural y de vivienda. Creo que estamos en mucha mejor posición para que los ejidatarios que así lo decidieran y en términos estrictamente legales, tuvieran la utilidad que merecen por su tierra.