Chilpancingo, Gro., 23 de enero. Pobladores de Ayutla de los Libres y de Tecoanapa aceptaron dejar en manos del Ejército Mexicano, la Policía Federal (PF) y la Policía Estatal Acreditable (PEA) los seis retenes que el 6 de enero instalaron en esos municipios, informó Moisés Alcaraz Jiménez, director de Gobernación y representante del gobierno estatal en las negociaciones con los campesinos de la Costa Chica que combaten el crimen organizado

Las fuerzas federales permanecerán por tiempo indefinido en los retenes instalados a lo largo de 30 kilómetros, desde Ayutla de los Libres, pasando por Tecoanapa, hasta el poblado de Las Mesas, municipio de San Marcos, explicó.

Los ciudadanos armados advirtieron que permanecerán fuera de sus comunidades para vigilar a los soldados. Los retenes estarán bajo observación durante una semana; si vemos que no hay resultados, retomaremos el control. Ya les dimos las listas con los nombres de los delincuentes, sus domicilios y lugares de origen, dijeron.

Pobladores del municipio de Tecoanapa dijeron que aceptaron dejar sus puestos porque los soldados les advirtieron que grupos del narcotráfico anunciaron que llegarían en camionetas blindadas, con armas de alto poder, morteros y granadas, en represalia por la captura de 44 personas presuntamente ligadas al crimen.

Uno de los dirigentes de Tecoanapa acusó a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de haber traicionado el movimiento al aceptar que las fuerzas federales se hagan cargo de los retenes. Estamos en total desacuerdo porque los militares no revisan de manera minuciosa, sólo piden que la gente pase lento, dijo.

A última hora, unos 50 campesinos de Tecoanapa, armados, acompañaron a 30 mujeres que llevaban escobas y los soldados apostados en El Pericón aceptaron que participen en las revisiones de vehículos que transitan por la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande.

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, visitó en Ayutla de los Libres a 35 de los 44 presuntos delincuentes detenidos (28 en Ayutla y 16 en Tecoanapa), entre ellos cuatro mujeres. El funcionario llegó al poblado El Mesón, donde vio durante cinco minutos a 26 de los detenidos, y a nueve en la localidad Axoxuca. Probablemente el resto (otros nueve) estén en Acotutla, explicó.

Dijo que la población no le permitió entrevistarse con los presos ni que les hicieran exámenes médicos.

El martes, en gira por el municipio de Copalillo, en el norte del estado, el gobernador Ángel Aguirre Rivero propuso a los senadores perredistas Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Píter presentar una iniciativa de ley para legalizar el trabajo de las policías comunitarias.

Los senadores prometieron que el 6 de febrero la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentará una iniciativa que legalice las policías comunitarias, organizadas hace 17 años en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y otras de reciente creación, como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que el 6 de enero instaló retenes en Tecoanapa y Ayutla. El 13 de enero la CRAC-PC se deslindó de la UPOEG y del levantamiento en Ayutla y Teconapa.

Indagan asesinato en Tixtla

El joven asesinado en Atliaca el martes, cuando presuntamente intentó huir de la cárcel, fue identificado como Benito García Hernández. La procuradora de Justicia del estado, Martha Elba Garzón Bernal, informó que se integraron dos averiguaciones previas por este homicidio.

En el noticiario Primero Noticias, el gobernador Ángel Aguirre dijo que el linchamiento habría sido en defensa propia: Ellos (los ciudadanos) dicen que esta persona los agredió y ellos tuvieron que repeler la agresión.