l abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor del general Tomás Ángeles Dauahare –detenido junto con otros cinco mandos militares, por presuntos nexos con el narcotráfico– pidió al juzgado responsable del proceso de su cliente dictar la sentencia penal correspondiente debido a la falta de pruebas que acrediten las acusaciones formuladas el año pasado por la Procuraduría General de la República. La víspera, esa dependencia federal envió al juzgado responsable del proceso un documento en el que admite que no cuenta con prueba alguna que corrobore las declaraciones de testigos protegidos que acusaron a Ángeles Dauahare y al resto de los inculpados, que son, hasta donde se sabe, el componente principal del proceso judicial contra éstos.

En forma significativa, el vuelco en el episodio de los generales detenidos coincide en el tiempo con la difusión del dictamen elaborado por Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada y condenada a 60 años de prisión por participar en varios secuestros. En dicho documento, que habrá de ser discutido hoy en la primera sala del máximo tribunal, se propone anular los testimonios de las presuntas víctimas de Cassez, debido a las contradicciones e incongruencias en sus dichos, fallas que podrían conducir al Poder Judicial a reponer el proceso de la exranjera y a emitir una nueva sentencia.

Sin adelantar juicios sobre el derrotero que tendrán los procesos referidos en las instancias judiciales correspondientes, ambos son reveladores del deterioro estructural que experimentó la procuración de justicia durante el ciclo de presidencias panistas y particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, periodo que se caracterizó por los abusos, las violaciones a garantías fundamentales, la distorsión de pruebas, lugares y testimonios, el uso faccioso de la ley, la conversión de las procuradurías en instrumentos de golpeteo político –como ocurrió con el llamado michoacanazo– y la fabricación de culpables.

Los vicios y atropellos judiciales y policiales cometidos durante el calderonismo no son, ciertamente, los únicos ejemplos de la contraposición actual entre la pretendida intención de imponer el estado de derecho y la violación recurrente del mismo por parte de las autoridades. La declaración del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, de que sacudirá a ese organismo y lo someterá a una limpieza de fondo obliga a recordar que la política migratoria del Estado exhibe, asimismo, una descomposición alarmante, en la que convergen los inveterados atropellos cometidos por los efectivos migratorios en contra de los ciudadanos de terceros países con los ataques perpetrados por bandas del crimen organizado y en el que se ha evidenciado un patrón de complicidad entre unos y otras.

Frente a una institucionalidad que ha perdido el sentido de apego a la ley y de la moral pública, que ha quedado exhibida por su turbiedad y por las desviaciones a la legalidad con que se conduce, y se ha erigido en vehículo de un ejercicio del poder cada vez más arbitrario e ilegal y en factor de amenaza para el conjunto de la población, el país requiere una reacción mucho más radical y profunda del actual gobierno que las simples promesas de cambio y los señalamientos críticos al desempeño de su antecesor: es necesario, en cambio, que la administración en turno concrete, o cuando menos inicie, un proceso de reconstrucción institucional que permita remontar el desastre a que fueron llevadas las dependencias referidas durante los pasados seis años, que debe incluir, desde luego, la investigación, el esclarecimiento y la sanción para los presumibles responsables de atropellos cometidos al amparo del poder.