La deuda de estados y municipios es superior a 400 mil millones de pesos y puede poner en riesgo la estabilidad financiera del país si el gobierno federal y el Congreso no abordan el problema con la seriedad requerida, advierten senadores del PRD.

Los legisladores hacen notar que el endeudamiento de gobiernos estatales y municipales equivale a más de la mitad de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), lo que fue el Fobaproa. La situación se agudizó en los pasados cuatro años, en que la deuda se duplicó. Un caso emblemático es el del gobierno de Jalisco, que entró ya en moratoria de pagos –el 21 de diciembre– mientras varios municipios están al borde de la quiebra.

El perredista Mario Delgado, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, resalta que el Fobaproa es el gran monstruo del endeudamiento en México, y estados y municipios ya van a la mitad.

Advierte que si el gobierno federal insiste en su postura de que es sólo un asunto de gobernadores y ediles gastalones, irresponsables o corruptos, el conflicto nos va a estallar a todos y se puede generar una crisis económica nacional.

Hay que preguntarse, recalca, cuántas más entidades de la República están a la vuelta de entrar en una moratoria de pagos. Hasta septiembre de 2012 la deuda registrada ante Hacienda era de 406 mil 764.6 millones de pesos y 88 por ciento de la misma corresponde a estados.

Malos escenarios

Advierte que en el momento en que algún banco de los que concentran créditos impagables de estados y municipios se declare en quiebra, seguramente cambiará la postura de la Secretaría de Hacienda de no rescatar a las entidades y ayuntamientos.

Las entidades con mayor crecimiento de su deuda pública son Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihua-hua, Quintana Roo y Michoacán, mientras que los municipios mas endeudados al segun- do trimestre del 2012 son Guadalajara, Monterrey, Zapopan, Tijuana y Benito Juárez.

Dolores Padierna resalta que a esa deuda directa se suman otras no registradas ante las autoridades hacendarias, ya que ante la falta de recursos por la disminución de las participaciones federales, los presidentes municipales acuden a créditos a corto plazo, incluso para el pago de la nómina, mismos que no requieren el aval de los congresos locales.

A su juicio, una causa determinante en el crecimiento de la deuda fue que se autorizó que las participaciones federales, es decir los recursos que las entidades reciben de Hacienda y que constituyen en promedio el 95 por ciento de sus ingresos, fueran garantía de pago para créditos bancarios.

Lo más grave, detalla la senadora, es que se trata de una deuda bursatilizada, con un crecimiento acelerado en la emisión de bonos. En 2001 eran apenas 90 millones de pesos en el mercado de valores y para el 2011 había ya 58 mil millones de pesos, que llevan como garantía los ingresos propios de estados y municipios.

En entrevista aparte, el senador Delgado hizo notar que no todos los casos corresponden a un manejo irresponsable, arbitrario o ilegal de la deuda, pues no puede dejarse de lado que a partir de 2008 las finanzas de las entidades quedaron tocadas por la crisis económica y por las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, que cambiaron la fórmula de distribución de las participaciones federales.

La mayoría de los incumplimientos de pago de estados y municipios sucedieron durante transiciones políticas, destacó S&P. Dos jóvenes cruzan un puente peatonal lleno de propaganda electoral. Imagen de archivoFoto José Carlo González

A consecuencia de ese cambio de fórmula, 25 entidades resultaron afectadas. El Distrito Federal fue, de hecho, la gran perdedora y, en contraparte siete ganaron, en primer lugar, el estado de México.

La situación, insistió, es muy delicada y el gobierno federal sigue empecinado en subestimarla, al considerar que la deuda sólo representa 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y dejar que los afectados lo solucionen solos. Sin embargo, hay que ver la tasa de crecimiento, pues ésta se duplicó en cuatro años, y al comparar en cada caso con los ingresos disponibles para pagar la deuda, ahí es donde se encienden los focos rojos en muchos estados y municipios del país.

De hecho, en 2008 la deuda representaba 50.7 por ciento de las participaciones y para junio de 2012 subió a 80.1 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda. Es decir, estados y municipios tienen comprometidos la mayor parte de sus ingresos.

El problema estriba en que hay fragilidad fiscal y una insuficiencia de recursos que ha obligado a los gobiernos locales a pedir créditos, pero también es cierto que hay bancos que están prestando a estados y municipios, con riesgo inminente, porque apuestan a que alguien venga a rescatarlos.

El PRI no ha querido entrar en la discusión. Cuestionado al respecto, el senador priísta Omar Fayad, quien ha sido presidente municipal, encabezado organizaciones de ediles y en la actualidad es presidente del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México, se suma a la decisión del gobierno de Peña Nieto de no rescatar a entidades. “No se puede convertir al gobierno en tapadera o colchón de servidores públicos irresponsables. No se puede, porque además se pone el mal ejemplo. O sea, te endeudas, andas mal y todavía te van a absorber tu deuda. ¡No!

Sin embargo, reconoció que la Secretaría de Hacienda debe revisar caso por caso.

Con ello coincide la senadora del PAN Laura Angélica Rojas, quien argumenta que en todo caso los gobernadores y presidentes municipales deben buscar recursos propios, vía impuestos como el predial y sanear así sus finanzas.

El PAN tiene una iniciativa para regular el endeudamiento, lo que a juicio de los senadores Delgado y Padierna no es la solución. La fracción blanquiazul prepara un paquete de reformas que incluye castigar a los servidores públicos que incurrieron en actos ilegales y sancionar a los bancos que han otorgado créditos pese a la evidente imposibilidad de pago, como fue el caso de Coahuila.

Los perredistas impulsan que se hagan públicos todos los créditos contratados por estados y municipios con la banca. Delgado tiene un punto de acuerdo, que presentará el miércoles ante la Comisión Permanente, a fin de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicite a todos los bancos un informe detallado y actualizado de las operaciones a largo y corto plazo, antes del 31 de este mes.

Queremos conocer tasas, plazos, garantías y condiciones, para que no vaya a haber una sorpresita. Que nos digan quién debe y cuánto comprometió, sobre todo en esos préstamos de corto plazo, que son los más caros y ni la Secretaría de Hacienda conoce.