La falta de transparencia, la escasa planeación financiera y la carencia de una política formal de deuda y liquidez, constituyen las principales causas que explican los casos recientes de incumplimiento de pago entre estados y municipios en México, sobre todo en créditos de corto plazo no garantizados, que incluyen financiamientos durante transiciones políticas y cambios administrativos, afirmó la firma internacional calificadora de deuda Standard and Poor’s (S&P).

Además, como factores comunes, hemos observado que la mayoría de los incumplimientos sucedieron durante transiciones políticas o cambios de gobierno y en general están asociados a créditos de corto plazo no garantizados, que incluyen financiamientos a través de cadenas productivas.

En un reporte, la firma financiera internacional aseguró que la transparencia todavía es un gran obstáculo a superar. Pese a los avances observados en años recientes los gobiernos estatales y municipales siguen con un amplio margen de discrecionalidad en la periodicidad y exactitud de la información que hacen pública.

Según la experiencia de S&P, la transparencia es elemento central que caracteriza a las administraciones financieras responsables, por lo cual los retrasos o la difusión parcial de información financiera es claramente uno de los primeros síntomas de problemas futuros, advirtió.

Hasta marzo de 2012 las obligaciones financieras de los gobiernos estatales y municipales del país sumaron la cifra histórica de 396 mil 832.4 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Esta cantidad representó un crecimiento de 147 por ciento en comparación con la registrada en diciembre de 2006, de acuerdo con la dependencia.

Ante este crecimiento exponencial de los pasivos de los estados y municipios, el gobierno federal anunció el martes pasado una iniciativa de ley para hacer frente al fuerte incremento.

Uno de los objetivos de la reforma legal es marcar límites y contener el exceso de endeudamiento de gobiernos estatales y municipales, anunció Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No habrá rescate por parte de Hacienda de los gobiernos estatales y municipales que han enfrentado dificultades para cumplir con sus deudas, aseguró Videgaray.

Es importante recordar que durante los pasados 12 meses se presentaron incumplimientos de pago en ocho municipios: Guadalupe, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Naucalpan, México; Zamora, Michoacán; Santa Catarina, Nuevo León; Acapulco, Guerrero; Chetumal, Quintana Roo, y San Luis Potosí, capital de la entidad, así como en dos estados: Zacatecas y Jalisco.

Una evaluación de S&P sobre la administración financiera de los gobiernos locales y regionales, entendida como el conjunto de políticas públicas, prácticas, cultura y características de los gobiernos, asignó indicadores del 1 al 5, considerando 1 como el más fuerte y 5 como el más débil. Así, de una muestra de 44 gobiernos locales y regionales, cerca de 70 por ciento de los municipios y 60 por ciento de los estados tienen indicadores de administración de 4 y 5.

De esta manera, los municipios con mayor debilidad son Zapopan, Cajeme, Colima, San Andrés Cholula, Tlajomulco de Zúñiga, Los Cabos, Mazatlán, Navojoa, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Guadalupe-Zacatecas, Guaymas, Orizaba, Solidaridad, Huixquilucan, Nuevo Laredo, Zamora, Cuernavaca, Guadalupe-NL y Naucalpan de Juárez.

Por su parte, los estados peor calificados son: Aguascalientes, Puebla, Campeche, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Coahuila.

En materia de transparencia, S&P señaló que las recientes reformas y adiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las medidas adicionales que actualmente se discuten para abordar el tema de las prácticas de deuda de los gobiernos locales y regionales son pasos en la dirección correcta, que permitirían recuperar la confianza y la certidumbre en el mercado de deuda nacional.

Sin embargo, opinamos también que la capacidad y voluntad de algunos gobiernos para incrementar los cambios contables y difundir a cabalidad su información financiera, así como la voluntad de la autoridad responsable para sancionar su incumpli- mientos, seguirán siendo un reto en los siguientes años, alertó.

Un problema adicional en la administración financiera de los gobiernos es que carecen, en general, de sistemas de planeación que trasciendan su periodo de ejercicio. La mayoría de las administraciones municipales tienen periodos de tres años, sólo unos cuantos son de cuatro. Estos cortos periodos de gobierno desincentivan la disciplina fiscal y que los gobiernos busquen alternativas para incrementar sus ingresos.

Otro reto importante será facilitar el acceso de las entidades al Buró de Crédito, así como contar con un registro nacional de deuda estatal y municipal que se actualice con mayor frecuencia y que incluya todas las obligaciones financieras de las entidades, incluyendo operaciones de arrendamiento y las asociaciones público-privadas.

Advirtió que estas medidas podrían ser insuficientes para evitar que se sigan presentando casos de incumplimiento de pagos y crisis de liquidez.

En nuestra opinión, las soluciones a largo plazo requieren de un cambio de los incentivos que tienen los gobiernos para mantener la disciplina fiscal y para planear a más largo plazo, así como de reformas adicionales al actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que promueven el fortalecimiento y autonomía de las haciendas estatales y municipales.

En el caso de los municipios, S&P consideró que los incentivos actuales que tienen para incrementar su recaudación y controlar su gasto, así como para mejorar el manejo de su deuda y liquidez, seguirán siendo limitados en tanto no haya reformas adicionales que propicien la continuidad en las administraciones municipales.

Además, según S&P, prevenir más casos de incumplimiento de pagos en estados y municipios en México requerirá también de un control más eficaz sobre el crecimiento del gasto operativo y de inversión, así como de un análisis más profundo sobre las razones para la contratación de nueva deuda.

La calificadora de valores internacional consideró que sin compromisos claros para mantener la disciplina fiscal, el aumento de las transferencias de recursos a los estados y municipios, las condonaciones de deuda o el rescate de las entidades más endeudadas sólo sería una solución temporal.

Finalmente destacó que la regulación sobre los bancos otorgantes de crédito “tiene retos importantes y podría mejorarse significativamente. La actual metodología para la creación de reservas –que se basa en el historial crediticio– no está capturando el deterioro gradual de la calidad crediticia de los gobiernos locales y regionales y no ha logrado desincentivar el uso de créditos de corto plazo no garantizados”.