El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer en la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se retomen los puntos fundamentales en materia de derechos y cultura indígenas que no fueron incorporados en 2001, cuando el Ejecutivo y el Congreso de la Unión no cumplieron con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

El proyecto, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, resalta que el Congreso de la Unión debe subsanar la deuda que mantiene con las comunidades indígenas, hacer efectiva su libre determinación y autonomía, y definir a esos pueblos entidades de derecho público.

La iniciativa –suscrita por el vicecoordinador y el vocero de la bancada, Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz, respectivamente– recuerda en sus considerandos que la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, que posteriormente fue votada por las dos cámaras del Congreso, dejó fuera los compromisos asumidos en 1996 como resultado del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

Por ejemplo, refiere, la reforma al artículo 2 de la Constitución, que planteaba el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, fue modificada y suprimió la calidad que se había ofrecido para habilitar a las comunidades indígenas como entidades de derecho público con personalidad jurídica, y en su lugar se les confirió el estatus de entidades de interés público.

La reforma, agrega, también eliminó el derecho de los pueblos indígenas a participar en los planes y programa de desarrollo, a decidir sus formas de convivencia y organización económica, política y social.

También dejó de lado el derecho de los indígenas a aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos; a elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno, así como la facultad de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entre otros puntos.

Los diputados del PRD señalan en su iniciativa que en la Constitución debe reconocerse el respeto al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, definir su libre asociación, así como la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional.

La iniciativa del sol azteca considera además que los congresos de los estados definan la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, en consulta con las poblaciones.

Asimismo, se plantea que la ley defina los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tome en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas y sus especificidades culturales, y que el Estado garantice su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.