La creación por el gobierno de Enrique Peña Nieto de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI) suena como a una manera de disuadir un problema de fondo que tiene que ver con el reconocimiento de las principales demandas históricas de esos pueblos: con su autonomía; la defensa de su territorio contra megaproyectos como los mineros, eólicos e hidroeléctricos; su derecho a la consulta, y el reconocimiento del pluralismo jurídico, señaló Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, subrayando que se busca seguir alimentando políticas asistencialistas y fortalecer el corporativismo hacia los pueblos indígenas.

Barrera comentó que es necesario garantizar que los pueblos indios sean realmente sujetos de derecho y sean saldadas todas sus demandas históricas, pero que esto de abrir el abanico es solamente una coartada para poder desdibujar una lucha histórica que han protagonizado los indígenas; es el caso de los zapatistas, que han podido construir por la vía de los hechos un trabajo que nos está hablando de un nuevo proyecto de nación, y colocar el tema así, de manera amplia, sin ninguna agenda concreta... es simplemente una simulación.

Qué bueno que dijeran vamos a cumplir los acuerdos de San Andrés para resolver el problema histórico y estructural que enfrentan los pueblos indígenas del país, añadió, señalando que aquí más bien se crea esta comisión nacional para poder seguir manteniendo un control político hacia los pueblos indígenas y entonces meter a todos en el mismo costal, volver a excluir a los que realmente han estado demandando un reconocimiento constitucional a sus derechos colectivos y sobre todo exigiendo una nueva forma de relación y una reforma de Estado que incorpore a los pueblos a la nación como sujetos de derechos, y decir que eso quieren algunos y otros lo que demandan son obras, fertilizantes, caminos, escuelas, comisarías...

Por su parte, Salvador Campanur, de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán –que desde 2011 ejerce una autonomía de hecho–, indicó al respecto: Nosotros no nos fijamos en lo que ocurre allá arriba porque ya los conocemos cómo son, y el ritmo que lleva la organización de las comunidades y de los pueblos se rige por los acuerdos de San Andrés, que son desde 1996 –cuando el gobierno priísta incumplió lo firmado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– la ley suprema de los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, como lo acordó la 18 asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), apuntó.

“Nosotros vemos que lo que hacen allá arriba es seguir en sus planeaciones –mientras que desde febrero de 1996 se sigue esperando que los acuerdos de San Andrés se hagan ley en México–, no van al fondo de las cosas. La gente de abajo entiende que lo que quieren es hacer como que hacen, pero sin hacer nada”, agregó Campanur.

Mencionó que en el caso de Cherán, por parte de las autoridades estatales y federales no ha habido ninguna acción respecto de las tres demandas de la comunidad, de seguridad, justicia y la reconstitución de su territorio; no se ha hecho otra cosa más que, como siempre, darle largas y largas. Se ha pedido que se desmantelen los grupos paramilitares de la región y no se ha hecho, porque también lo que se quiere es que se castigue a los que han incurrido en lo que ha ocurrido en nuestra comunidad (asesinatos, secuestros, tala de bosques), pero nada ha cambiado. Lo que sí es que nuestra comunidad se sigue organizando más y más, porque se tiene fuerza, sigue la autodefensa y el consejo mayor, y siguen las amenazas de parte de la gente mala.

En relación con el anuncio del EZLN de que reforzará su participación en el CNI, Campanur indicó que esto es un aliciente, esto anima, porque su palabra es grande, como es grande su trabajo... pero siempre han estado pendientes del CNI.