Cuernavaca, Mor., 16 de enero. Autoridades de Amacuzac presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso local porque, 16 días después de que asumieron funciones, la administración anterior se niega a entregar información de la tesorería, bienes muebles, sellos oficiales, el libro de acuerdos y actas de cabildo, entre otros archivos.

En ambas denuncias –de las cuales La Jornada tiene copia– se menciona que en noviembre pasado la administración 2009-2012 (que encabezó por dos años el ex alcalde y ahora diputado local Alfonso Miranda Gallegos y luego fue sustituido por Jesús Bautista Gerardo) demolió el palacio municipal de Amacuzac. Se desconoce si esta obra fue aprobada por el cabildo.

Las oficinas del ayuntamiento se trasladaron a domicilios particulares. Los ex funcionarios municipales usan estos inmuebles a su conveniencia para no entregar la administración como marca la ley, y esto impide el funcionamiento de las nuevas autoridades.

Los denunciados son el ex alcalde sustituto Bautista Gerardo, la ex tesorera Gaudencia Rodríguez Meza, la ex contralora municipal Ana María Garduño García, el ex director de obras públicas, Guillermo Espinosa Gorostieta y el ex secretario del ayuntamiento Evaristo Luna Figueroa. Los denunciantes son el alcalde, Noé Reynoso Nava; la síndica Graciela Pineda López, y el secretario del ayuntamiento, Arturo Cuevas Ocampo.

Según la queja, el alcalde sustituto se comprometió a entregar el ayuntamiento el primero de enero, pero sólo entregó la regiduría, la sindicatura, el área jurídica y parte de la presidencia. Quedó pendiente la recepción de documentos e información electrónica de la tesorería municipal, los bienes muebles y sellos oficiales de ésta, el libro de acuerdos y las actas de cabildo, archivos y sellos oficiales de la secretaría del ayuntamiento, y de la presidencia municipal, la dirección de obras públicas y del sistema operador de agua potable y la contraloría, entre otras.

Los implicados, encabezados por la ex tesorera Rodríguez Meza, advirtieron que no entregarían la información por órdenes del ex alcalde sustituto. El 3 de enero los denunciantes solicitaron nuevamente la documentación, y la ex tesorera volvió a negarse. Lo que se repitió el 8 y el 10 de enero.

En la denuncia se concluye que la ex tesorera y los demás implicados incurren en delitos contra el ayuntamiento y violan el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que obliga a entregar informes e inventarios sobre patrimonio, recursos humanos y financieros y archivos del gobierno municipal a más tardar 10 días después de la toma de posesión del ayuntamiento entrante.

El alcalde Noé Reynoso aseguró recientemente que Miranda Gallegos lo amenazó de muerte. En este contexto, un comando asesinó el 4 de enero al director de seguridad pública, Justo Buenaventura, y a su escolta.