Monterrey, NL, 16 de enero. Florentina, empleada de una tienda, vive en la colonia Sierra Ventana de esta ciudad y labora en la céntrica colonia La Primavera, a ocho kilómetros. Para ir y regresar toma diariamente cuatro autobuses, en los que gasta 864 de los 3 mil 500 pesos que gana mensualmente, 24.6 por ciento de su salario. Además, tiene que caminar 20 cuadras.

Como Florentina, miles de regiomontanos pierden tiempo y dinero por las altas tarifas y los cortos trayectos que recorren las unidades de transporte público de Nuevo León. Ella debe abordar unidades de las rutas 50 y 301, que circulan por las avenidas Garza Sada y Revolución, respectivamente, que, pese a su importancia, no están conectadas por una sola ruta.

No obstante, Florentina se considera afortunada. Si viviera en cualquier otro municipio de Nuevo León, las dificultades por la falta de rutas, los altos costos y la cortedad de las rutas serían aún mayores.

La oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local exige al gobierno hacer públicos los estudios sobre rutas en Nuevo León y el número de pasajeros que circulan en cada una.

El diputado panista Alfredo Rodríguez Dávila, integrante de la Comisión de Transporte de la Legislatura estatal, afirmó que ni siquiera se sabe cuántos usuarios se transportan diariamente, menos cuánto cobran los concesionarios por kilómetro recorrido.

Añadió que los datos se mantienen en reserva, lo que impide conocer las ganancias de los concesionarios. El sistema de transporte público de Nuevo León causa enormes pérdidas económicas y de tiempo a los habitantes más pobres del estado, señaló el también ex presidente de la Comisión del Transporte en la anterior Legislatura del Congreso de la Unión.

“El gobierno se niega a dar cualquier tipo de estadística –indicó–. Mi partido ha solicitado informes en varias ocasiones, pero ocultan la información porque el costo es altísimo; las rutas urbanas en Nuevo León dejan mucho más dinero que el promedio nacional”.

El complejo sistema estatal de transporte incluye un catálogo de rutas dividido en radiales y periféricas, con tarifas diferenciadas, lo que depende además de que las unidades tengan o no aire acondicionado; las primeras, llamadas panorámicas, cobran 15 pesos. Además, el costo del pasaje varía si es prepagado.

Las tarifas ordinarias de transporte urbano sin aire acondicionado aprobadas en julio para 2012 van de 8.15 a 15 pesos, con un alza mensual de 20 a 50 centavos. El costo de las climatizadas era de 9.29 pesos, con un aumento de 30 a 50 centavos al mes.

Pese al costo del pasaje, uno de los más caros del país, y las quejas de los usuarios porque las unidades están sucias y en mal estado, el Consejo Estatal del Transporte propuso al gobernador Rodrigo Medina en diciembre pasado un aumento gradual de 6 ciento para 2013. Ante las reacciones de usuarios y la oposición en el Congreso, no se ha autorizado.

Los usuarios señalan que con frecuencia deben esperar hasta una hora para abordar una unidad. Además, deben tomar más de un autobús para llegar al trabajo o a la escuela de sus hijos.

Según habitantes de García –a 40 kilómetros de Monterrey–, ahí sólo circulan las rutas 601 y 107, que son insuficientes.

Los usuarios de García han expuesto ante el Congreso estatal que quienes laboran en Monterrey suelen pagar taxis que los lleven al municipio vecino de Santa Catarina para luego tomar un camión a la capital del estado. Cada taxi cuesta entre 17 y 20 pesos, y la unidad que los lleva a la capital, alrededor de 10.

El legislador Rodríguez Dávila considera que no hay argumentos válidos para no abrir más rutas y aseguró que el sistema de transporte del estado es perverso, carente de transparencia y y sólo beneficia a grupos de poder.

Alfredo Rodríguez, empresario transportista, reconoció que quien más pierde con esta situación es la gente más pobre del estado debido al contubernio entre el gobierno del estado y los poderes fácticos.

El también ex coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en el estado refirió que en 2011 se aplicó un sistema de prepago (la Tarjeta Feria), pero sólo benefició a los transportistas, que recibieron el pasaje por anticipado y evitaban robos, pero para los ciudadanos que no la usaban sólo significó un incremento de dos pesos al pasaje.