A 41 años de la ejecución extrajudicial de Diego Lucero Martínez, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la fundación que lleva el nombre de este personaje demandó a las autoridades correspondientes que dicten justicia en este caso a fin de terminar con más de cuatro décadas de impunidad.

La Fundación Diego Lucero emitió un comunicado en el que recordó que el asesinato de este luchador social y de sus compañeros, el 15 de enero de 1972, son algunos de los delitos de lesa humanidad en los que incurrió el Estado durante la llamada guerra sucia y que continúan impunes.

La impunidad en que permanecen las matanzas de estudiantes del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, y la del 10 de junio de 1971, en San Cosme; la desaparición forzada de más de mil 200 detenidos, las decenas de ejecuciones extrajudiciales y las torturas a innumerable número de personas en esa época explica en gran medida que en la actualidad persistan prácticas represivas que violan los preceptos constitucionales y los derechos humanos.

El organismo civil recordó que en enero de 1972 Lucero y otros de sus compañeros fueron ejecutados extrajudicialmente en Chihuahua, tras ser detenidos por integrantes de la policía judicial estatal y luego interrogados por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaban Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Ejecuciones extrajudiciales

Recordamos que hace 41 años cayeron en combate Avelina Gallegos y Óscar Montes; fueron detenidos, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente Ramiro Díaz, Gaspar Trujillo y Diego Lucero Martínez, a quienes hoy rendimos homenaje y en cuya memoria reivindicamos el compromiso de continuar en la lucha por la verdad y por la justicia.

La fundación subrayó que la ejecución extrajudicial de Lucero Martínez y sus compañeros, así como la de decenas de personas que se comprometieron a transformar la sociedad y enfrentar un sistema antidemocrático y autoritario que controlaba y oprimía las luchas populares, son algunos de los delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.

La agrupación enfatizó la necesidad de recuperar, reivindicar y transmitir la memoria histórica de la lucha de estas personas caídas en Chihuahua hace 41 años; de analizar el contenido de su compromiso social; de exigir justicia y poner fin a la impunidad estableciendo la responsabilidad jurídica de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.